Audiencias en materia laboral

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 03, 2019

En el nuevo procedimiento para dirimir los conflictos labores se da preponderancia a las audiencias. En términos del artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo reformado por decreto del pasado 1º de mayo, las audiencias serán públicas. El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada cuando se pueda transgredir el derecho a la intimidad o cuando involucren a menores de edad.

Estas audiencias deberán ser presididas íntegramente por el juez; de incumplirse esta condición, las actuaciones respectivas serán nulas de pleno derecho. Esto se conoce como principio de inmediación. Al comienzo de las audiencias, el secretario instructor del Tribunal hará constar oralmente los datos como fecha, hora y lugar de realización, así como nombre de los servidores públicos del Tribunal, y demás personas que intervendrán, para que de todo ello quede constancia en el registro.

Se exige un comportamiento honesto de los intervinientes. De ahí que las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán rendir previamente protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario instructor les tomará protesta y los apercibirá de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad. La intervención de todos los que participen en las audiencias será oral. En esta tesitura, esperamos que no se den malas prácticas, como en otras materias, en las cuales en vez del debate oral, se está volviendo común llegar a las audiencias a leer documentos.

El mismo precepto que señalamos establece que el juez recibirá por sí mismo las declaraciones y presidirá todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad. A él le corresponde también ordenar la práctica de las pruebas, dirigir el debate, exigir el cumplimiento de las formalidades que correspondan, moderar la discusión, impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, e incluso limitar el tiempo y el número de ocasiones en que intervengan los interesados con base en criterios de equidad y agilidad procesal.

De este modo, para que el debate no degenere en pérdidas de tiempo o se evada a cuestiones irrelevantes, el juez debe mantener el orden y controlar las participaciones. Incluso, tendrá facultades disciplinarias para mantener este orden durante el debate, y podrá llegar a solicitar el auxilio de la fuerza pública, e imponer correcciones disciplinarias.

Igualmente, le corresponde al juez determinar el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia. Esto funciona para hacer avanzar el proceso, pues se tendrán por precluídos los derechos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas.

Al terminar las audiencias, se levantará un acta, se entiende que por escrito, en la cual se deberán reseñar los datos básicos, como el lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; así como el nombre de quienes intervinieron, o en su caso las constancias de la inasistencia. Tendrá que incluirse una relación sucinta del desarrollo de la audiencia, y por supuesto, las firmas.

Además del acta, existirá el correspondiente registro electrónico. Al respecto se señala que el secretario instructor deberá certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, y habrá de identificar dicho medio con el número de expediente. Tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.

Las partes tienen derecho a copias simples o certificadas de esas actas, así como a la copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento. La conservación y el resguardo de los registros estará a cargo del Tribunal que los haya generado. n