El flagelo de la tortura

Escrito por  Raúl Sendic García Estrada May 31, 2019

La tortura es definida como el castigo físico o psíquico, infligido a una persona con el fin de modificarla o para que confiese algo, a la vez que es una pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuado.

Por lo general, quienes cometen las torturas son funcionarios públicos o policías, casi siempre para arrancar confesiones inculpatorias, prácica que tiene antecedentes muy antiguos y remotos y que se sigue cometiendo en nuestros días. La gravedad del problema ha generado múltiples condenas, estudios, modificaciones a las leyes y un gran activismo en la lucha para suprimirlo.

La tortura en México ha sido practicada en incontables casos, particularmente por las fuerzas armadas y la policía, y se repite como práctica generalizada debido a la impunidad que reina en estos lamentables hechos. México se ha comprometido ante instancias internacionales a investigar, castigar y erradicar la tortura. Por tanto, la prevención y el castigo de la tortura tiene que ver con la aplicación de la ley, con la toma de testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La policía y el Ejército han estado implicados en actos de torturas y desapariciones forzadas, y es urgente que se tomen medidas suficientes en el aparato de justicia, que se legisle en consecuencia.

Amnistía Internacional ha presentado informes de los últimos 50 años de la tortura en México y afirma que estos actos se convirtieron en práctica generalizada desde los años 60 contra grupos guerrilleros y de oposición política, personas que se encontraban fuera de la ley y ciudadanos en general.

El Estado mexicano ha negado el flagelo de la tortura y ha permanecido estático ante las dimensiones del problema, que se acentúa en el marco de la declaración de guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón en 2006. Es grave que el sistema de justicia no pueda o no quiera prevenir la tortura, que se siga recluyendo en las cárceles a sospechosos sin cargos comprobados; condenable es también que la denuncia de tortura se desestime o se minimice.

Es necesario que los cambios constitucionales y la aplicación de protocolos se apliquen de inmediato, que se prevengan estos actos, que se investiguen, que se tomen en cuenta las pruebas médicas y que el Estado repare los daños causados, que reconozca el flagelo y que garantice la no repetición de estos hechos.

La tortura es una práctica generalizada en nuestro país, sistemática. Más de 120 organizaciones civiles en México han presentado un informe revelador a la Organización de las Naciones Unidas señalando un panorama de impunidad y crisis de derechos humanos. El título es: Informe alternativo de las organizaciones de las sociedades civiles de México al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas 2012-2019.

Amnistía Internacional señala que la tortura en México es práctica habitual de los militares y en las detenciones en centros penitenciarios, en detenciones clandestinas, en instalaciones militares, en centros de salud, en hospitales psiquiátricos, en centros de detención migratoria y en centros de menores, donde las víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En gran parte de los casos las víctimas son mujeres detenidas por la policía, como en el caso de San Salvador Atenco, respecto del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se cometieron violaciones graves contra 11 capturadas por las policías federal y estatal, durante las manifestaciones de floricultores en mayo de 2006.

En el llamado Informe Sombra, en el contexto del periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, se señala que a partir de 2006, en la declaración de guerra que hace el Estado mexicano contra el crimen organizado, las autoridades militares cambiaron su comportamiento y recurrieron a la tortura y a violaciones graves de los derechos humanos, con gran número de detenidos y torturados en actos de brutalidad desproporcionada, que también cometieron policías federales, estatales y ministeriales.

El Comité de la ONU señala que la tortura en México es práctica endémica y generalizada, no obstante los avances en materia de legislación contra el problema. Se anota la existencia de incidencia de actos de tortura y malos tratos del Estado, por lo cual se debe reconocer la gravedad del problema, los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos. n