Eliminación del fuero

Escrito por  Eduardo López Betancourt Mar 30, 2019

Se menciona en los medios la discusión legislativa sobre la posible eliminación del “fuero” a los servidores públicos del más alto nivel, como el Presidente y los legisladores. Al respecto, cabe hacer algunas precisiones dogmáticas.

El fuero es una institución que se otorga a funcionarios importantes para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, sea un órgano competente el que resuelva sobre la procedencia en caso de ser sometido a la jurisdicción común; en nuestro país se otorga fuero a diversos funcionarios tanto en el ámbito federal como local y se apoya en distintas disposiciones.

La palabra “fuero” en el campo jurídico ha tenido diferentes connotaciones, pero todas ellas de alguna manera orientadas hacia la detentación de una prerrogativa. De manera que en el pasado se habló de “fuero”, en ciertos países como España, el cual consistía en una serie de derechos y privilegios que les otorgaba el soberano; tal sería el caso del “fuero de Castilla”.

También se le dio la denominación de fuero al conjunto de leyes dadas en cierta época, como aconteció en el fuero juzgo y el fuero real. En la actualidad el concepto de fuero significa la competencia de cierta autoridad judicial, repartiéndola al fuero común o al federal.

El artículo 13 de la Constitución, de manera expresa establece la existencia del fuero militar, que se reserva sólo a los delitos y faltas cometidas contra la disciplina militar, prohíbe extender su jurisdicción al resto de los individuos que no sean militares; no obstante, ese señalamiento constituye un modo de evidenciar, el privilegio del que gozan los militares.

Conforme a lo anterior la palabra fuero es sinónimo de prerrogativas. Ahora bien, valdría la pena preguntarnos si su existencia, en función de ser un privilegio, es justa. En principio, incomoda la idea de aceptarlo, nos alienta el ideal de igualdad por el cual efectivamente todos los seres humanos recibamos el mismo trato y nos manejemos con los mismos derechos y obligaciones. Pero, ciertamente, tal situación se tornaría imposible, no sólo por la imperfección natural del ser humano y de las sociedades, sino inclusive –debemos reconocerlo– por la misma necesidad social, para la buena marcha de actividades gubernamentales, se vuelve indispensable el fuero; sería gravísimo que a los importantes funcionarios, por conflictos políticos con sus oponentes se les estuviera sometiendo a procesos penales, muchos de ellos tal vez “maquinados” y por asistir a las diversas diligencias, tuvieran que abandonar su delicada actividad gubernamental; a ese funcionario se le debe otorgar el beneficio del “fuero”, cuya inmunidad, sólo consiste en un beneficio pasajero, mientras dura el ejercicio de sus funciones impidiendo ser sometido a un proceso penal, sin que previamente haya sido despojado de su cargo.

De esta manera el fuero, de acuerdo con nuestro derecho lo definimos, como el beneficio que tiene un funcionario público, durante el tiempo de su encargo, de no ser sujeto a un proceso penal hasta en tanto no sea despojado mediante la vía legal, de ese beneficio.

En nuestra Constitución Política hay un caso de verdadera inmunidad, el cual no debe confundirse con el fuero en el que se refiere al artículo 108 segundo párrafo que dice: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Lo anterior significa que el Presidente de la República no puede ser acusado por delitos menores. Estamos en esta circunstancia frente a una inmunidad, consistente en una inaplicación total y absoluta de la ley penal. Es este privilegio el que se discute su eliminación en el Congreso. n