Tragedia que se pudo evitar

Escrito por  Esthela Damián Peralta Ene 23, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la razón cuando afirma que se pudo evitar la tragedia de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, si no se hubiera llegado a tanto en la corrupción, ni se hubiera abandonado al pueblo, al tiempo de remarcar que su gobierno no se va a detener.

El titular del Ejecutivo federal salió en defensa del actuar de los militares al conocerse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió información a la Secretaría de la Defensa Nacional ante una posible omisión de los 25 efectivos que estuvieron en el lugar de la toma clandestina desde el primer momento hasta que se produjo la explosión dos horas después.

Aseguró que los soldados actuaron conforme a protocolo y sostuvo que sí se pudo haber evitado el accidente si los gobiernos anteriores no hubieran dejado de hacer su trabajo y no se hubiera llegado a esos niveles de pobreza.

El Presidente insistió en que siempre es mejor prevenir que lamentar, aunque ha hecho notar que desde que empezó la política neoliberal se abandonó al pueblo, se empobreció.

Acusó que con los gobiernos neoliberales se elevó al nivel supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del bien público y sostuvo que el gobierno se dedicó a facilitar el saqueo, no a ver por el pueblo.

López Obrador insistió en que la tragedia se pudo evitar, como muchas otras que han ocurrido en el país a causa de la necesidad de la gente y la corrupción del gobierno.

Ha expresado que el saldo de la política neoliberal ha sido fatal, un rotundo fracaso, y eso es lo que el actual gobierno está evitando, atender la causa precisamente para evitar estas tragedias.

No se equivoca al afirmar que, en el tema del robo de combustible, el Estado no puede tolerar amenazas o presiones de la delincuencia organizada.

En un memorándum, enviado a la comisión de funcionarios federales que se encargaron de comprar las nuevas pipas para el transporte de hidrocarburos, el mandatario sostuvo que la implementación del plan DN-III para garantizar el abasto es un tema de seguridad nacional.

Y es que el Estado mexicano no puede estar sometido a ningún poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia organizada.

También ha advertido que la lucha que se ha emprendido contra la corrupción y, en particular, para erradicar el robo de energéticos, es irreversible.

Mientras tanto, en el Senado, las bancadas de Morena, PRI y PAN respaldaron la postura del presidente respecto a lo ocurrido en Tlahuelilpan. Deslindaron al Ejército de responsabilidades en la tragedia, al aseverar que los militares actuaron de manera prudente.

Los legisladores hicieron ver que de haber actuado reprimiendo o a toda costa deteniendo la expresión popular, en estos momentos estarían en el banquillo de los acusados en tribunales internacionales.

Subrayaron que por eso es importante darle instrumentos jurídicos y constitucionales a las Fuerzas Armadas para aplicar protocolos, que no los hay, y capacidad jurídica para intervenir.

Asimismo, apremiaron a concretar reformas, como la Guardia Nacional, que permitan a los militares prestar el servicio de seguridad pública con protocolos; concluir las reformas de extinción de dominio y tipificar como grave el delito de huachicoleo.

Por cierto que, de 2016 a la fecha, Pemex ha atendido 70 tomas clandestinas en Tlahuelilpan, en la misma zona de la explosión el viernes pasado; este año ya han perforado dos veces dicho ducto. Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, estado de México y Tamaulipas concentran 80 por ciento de las tomas clandestinas en ductos de Pemex.

Al respecto, Hidalgo es el estado donde se registra mayor robo de combustible o huachicoleo. En 2016, la entidad registró 344 tomas clandestinas, pero en 2017 se disparó a mil 64, y en 2018 pasó a dos mil 121 tomas clandestinas.

Este año, en ese estado ya se ha atendido 164 casos de perforación en los ductos de Pemex.

En Puebla, que en 2016 lideraba la lista con mil 533 casos, para 2017 las tomas clandestinas sumaron mil 443, y en 2018 dos mil 72; este año ya tiene un registro de 72. n