Amparo directo y sistema acusatorio

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 05, 2019

El pasado 7 de diciembre de 2018 se publicó una tesis de jurisprudencia que delimita los alcances de los actos reclamables en amparo directo en el sistema procesal penal acusatorio. Se trata de la tesis con registro electrónico 2018868, dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 74/2018.

La tesis delimita que en una demanda de amparo directo ya no se podrán reclamar violaciones a derechos fundamentales que se hayan cometido en etapas previas al juicio oral. De este modo se hace una interpretación restrictiva de los artículos que fundamentan la procedencia del amparo directo, en concreto el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución, y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo.

Como es sabido, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, cuando la violación se cometa en sentencia definitiva (lo que la doctrina denomina in iudicando) y cuando la violación se cometa durante el procedimiento (in procedendo), en el segundo caso, siempre que la violación afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo.

Pues bien, la Primera Sala de la Suprema Corte ha delimitado el alcance de este segundo supuesto de procedencia, considerando que en el caso de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo ya no será posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral, particularmente aquellas que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio.

Con este criterio se observa con claridad cómo las reglas del sistema acusatorio trascienden al procedimiento de amparo, pues un pilar estructural en el proceso acusatorio es aquel por el cual, con la apertura del juicio oral, todo lo actuado ante el juez de control se vuelve de algún modo irreversible y jurídicamente consumado. Igualmente, la idea de la objetividad del juez o del tribunal de enjuiciamiento, según la cual este no debe conocer nada de lo sucedido en etapas previas.

La tesis que ha sostenido la Primera Sala resulta sin duda controversial, pues claramente limita el alcance del medio de defensa de los derechos fundamentales. De acuerdo con su argumentación, la interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo no limita que se puedan analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, pues como es claro, la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada. Sin embargo, utilizando una “interpretación conforme”, la Primera Sala considera que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral, para hacer valederos los principios del artículo 20 constitucional, particularmente el principio de continuidad.

La Primera  Sala reconoce que el proceso penal acusatorio sigue “una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar”. De acuerdo con la continuidad, una vez que se agota cada una de las etapas en las que se divide el proceso (investigación, intermedia y juicio), ha de avanzarse a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior.

En consecuencia, concluye la Primera Sala, cuando el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. n