Autonomía de la Fiscalía

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 29, 2018

El pasado 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria por la cual el Congreso de la Unión determina la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

De este modo, con un retraso de varios años, se cumple el mandato de crear un órgano de persecución de los delitos autónomo del Poder Ejecutivo.

Esta declaratoria se da tras la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República el 14 de diciembre. Respecto a la estructura orgánica, la ley señala que la representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: titular de la Fiscalía General de la República, titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia de Derechos Humanos, en Delitos Electorales, en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos; además de los titulares de otras fiscalías especializadas.

La independencia técnica de los fiscales está establecida en el artículo 12 de la ley, según el cual los fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier coacción o interferencia en su actuar. A mayor abundamiento, dice el precepto que en el ejercicio de sus funciones se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de Persecución Penal.

Además de los fiscales, se establece que los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de modo directo para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

En esos términos, el artículo 13 establece que el titular de la Fiscalía General de la República sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de los titulares.

Dentro de los órganos, la Fiscalía General de la República se apoyará de un Consejo Ciudadano. De acuerdo con el artículo 40, este consejo será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno, y estará presidido por uno de los integrantes.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovadas de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las sesiones, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías especializadas podrán asistir a sus reuniones con voz, pero sin voto.

Es relevante la creación de este órgano, que esperamos que cumpla sus objetivos de fortalecer la vigilancia ciudadana sobre un rubro tan relevante como la procuración de justicia.

Por lo que hace a otros órganos, la ley establece que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias será responsable de la aplicación de principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con un Consejo Técnico, que estará integrado por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá, y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desempeño de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones. n