Jurisprudencia sobre prisión preventiva

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 01, 2018

En el sistema de justicia penal acusatorio se prevén diversas medidas cautelares, que en su definición se trata de restricciones preventivas a un derecho o interés del imputado, que se aplican con el fin de salvaguardar otro bien o interés procesal. Su imposición debe ser proporcional, pues están en juego los derechos de la persona procesada. En la misma tesitura, su aplicación debe tener una temporalidad determinada de acuerdo con la ley.

Las medidas cautelares resultan legítimas sólo cuando tienen como finalidades las establecidas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como son asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

El listado de medidas que pueden imponerse se relaciona en el artículo 155 del código procesal nacional, en un total de catorce fracciones. Entre ellas están la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la exhibición de una garantía económica; el embargo de bienes; la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y en último lugar la prisión preventiva.

Esta es una característica del sistema procesal sobre la que mucho se insiste, y que resulta incomprendida para el sentir punitivo de la población: que la prisión preventiva debe imponerse solamente en último lugar y como caso excepcional, cuando otras medidas no sean bastantes para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

Esta previsión fomenta muchas críticas infundadas al sistema procesal, cuando se dice que los “delincuentes” son dejados libres, en realidad lo que sucede es que siguen sujetos a proceso, pero bajo otras medidas cautelares que no son restrictivas de la libertad personal, las cuales, se insiste, en el modelo acusatorio deben ser la última opción.

Sobre este tema se acaba de publicar una jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis: VI.2o.P. J/2 (10a.), con el número de registro electrónico 2018459, en la cual se recuerda que la prisión preventiva no se debe imponer de manera indiscriminada.

Según recuerda este criterio obligatorio, el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución establece que la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, pues debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Asimismo, este artículo precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

En este entendido, y en relación la presunción de inocencia, la tesis que se comenta establece que afirmar que la prisión preventiva es necesaria, en función únicamente de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito, es una postura que deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacional, entre ellos el artículo 20, apartado B, fracción I, de la propia Constitución, que regula el principio de presunción de inocencia, y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según los cuales todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Esto, porque de acuerdo con la jurisprudencia que se comenta, atento al carácter excepcional de la medida cautelar, su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se basa en una idea de que el imputado se va a sustraer del procedimiento penal, sólo por la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona. n