Sancionitis

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 17, 2018

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política. En complemento a esta nueva ley se modificó el Código Penal Federal, para adicionar diversos delitos en los cuales se sanciona la recepción de cobros ilegítimos por los funcionarios, lo que se daría cuando se exceden los principios dispuestos en esa normatividad.

En principio, es cuestionable la sancionitis que se vive, por la cual se aplica la tendencia de crear nuevos delitos para reforzar leyes administrativas. En realidad, una violación a este nuevo régimen de salarios podría configurar ilícitos de uso ilegal de atribuciones, peculado o enriquecimiento ilícito, sin ser necesaria la creación de nuevos delitos.

La reforma adicional al Título Décimo, Delitos Cometidos por Servidores Públicos, agrega un capítulo V bis llamado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”. El artículo 217 bis adicionado señala que, junto a las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita aquel servidor público que “apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”. Aquí se sanciona a quien autoriza un pago fuera de la ley. La parte final de esta fracción es errónea, puesto que el Código Penal no es el ordenamiento que establezca los principios en materia de remuneraciones. Claramente, el legislador intentó en esta fracción hacer un renvío a la legislación aprobada, pero se hizo con pésima técnica legislativa, lo que puede causar problemas de inconstitucionalidad por vaguedad.

La segunda fracción del mismo precepto sanciona a quien “reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.”

En esta fracción se sanciona a quien cobra el pago ilícito. Nuevamente, se presenta el mismo grave error de hacer una remisión normativa incorrecta en la fracción. Se le olvidó al legislador que estos artículos iban a estar en el Código Penal Federal, y no en la nueva Ley de Remuneraciones. El artículo 5 del Código Penal Federal señala el principio de aplicación extraterritorial de la ley penal, algo que no tiene nada que ver con el delito, Ante la imprecisión en el renvío, se insiste, el tipo penal queda aquejado de inconstitucionalidad por violación al principio de taxatividad.

Finalmente, el artículo 217 ter señala la sanción por la comisión del delito. Aquí se establece en dos fracciones penas según el monto de lo percibido. “Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.”. Aquí se repite el error de hacer una mala referencia al renvío a otra ley como si del mismo código se tratara, y, vaya sorpresa, al legislador se le olvida que el Distrito Federal ya no existe (ahora es Ciudad de México), y más aun, que la tendencia es que las sanciones ya no se miden en salarios mínimos, sino en otras unidades.

De este modo, la reforma al Código Penal resulta ser una auténtica chapuza, claramente se ve que fue hecha al vapor y, más que eso, por ignorantes de la mínima técnica legislativa penal. Estos tipos penales causan mucho mal al sistema jurídico, por ser leyes que sólo buscan efectos publicitarios, pues resultan inaplicables por sus errores. n