Ley vitivinícola

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 03, 2018

El vino mexicano ha tenido gran auge en los años recientes, buscando mejorar su posición en la industria y el mercado tanto nacional como internacional, que ha estado históricamente dominado por las regiones del mundo tradicionalmente productoras, que imperan en calidad y cantidad.

Sin embargo, la producción de vino mexicano mejora y se consolida. Para ello, el Estado contribuye también dando herramientas jurídicas que promuevan esta actividad e impulsen su desarrollo. Es el caso de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, publicada el 23 de mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación.

La ley declara tener como objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas con este sector, para impulsar una mayor productividad y competitividad, y establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. Las líneas estratégicas de acción para el cumplimiento de estos objetivos se enuncian en el artículo 5º de la ley, entre otros: fomentar el respeto del territorio considerado como apto para el cultivo de la vid en territorio nacional; estimular el crecimiento económico de la actividad vitivinícola en territorio nacional, generando las condiciones favorables para el impulso de inversión y acceso a fuentes de financiamiento y apoyos para la iniciativa privada; fomentar el cumplimiento de la normatividad, así como su evaluación de la conformidad para garantizar la disponibilidad y correcta información al consumidor sobre la calidad del vino mexicano y su correcta clasificación; fortalecer la competitividad de los vinos nacionales en el mercado fomentando el desarrollo de su producción y calidad; fomentar el uso y conocimiento en el público consumidor de distintivos relacionados con la calidad del vino mexicano, y fomentar campañas y actividades de promoción nacional e internacional orientadas a aumentar un mayor conocimiento y consumo de vino mexicano.

El entramado institucional que se crea para llevar a cabo estas estrategias está comandado básicamente por la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, que será un órgano de consulta y coordinación de la Administración Pública Federal. Esta Comisión se integrará por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el artículo 10, esta Comisión tiene como objeto orientar, promover, apoyar y proponer políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola nacional. En concreto, sus funciones y facultades se enuncian en el artículo 12, entre otras: proponer las políticas generales y definir las estrategias de fomento a la industria vitivinícola nacional; fomentar la investigación acerca de las variedades y clasificaciones de uva para vinificación; y establecer la obligatoriedad de la adopción y uso de certificaciones para dar cumplimiento a las normas.

Algo relevante es que se establecen las bases para la creación, el funcionamiento y la regulación aplicable de un Registro Nacional de Productores, que servirá como base e instrumento de consulta para beneficio de políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de los diferentes ámbitos gubernamentales. n