El objeto del proceso penal

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ago 18, 2018

El objeto del proceso es básicamente que el asunto se solucione, ya sea mediante el dictado de una sentencia o por otra de las vías de conclusión previstas en la ley.

Por la reforma constitucional de 2008, el objeto del proceso se estableció como principio constitucional. De acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción I: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

Este objeto general del proceso penal acusatorio se reitera en el artículo 2 del CNPP, que añade que mediante esas cuatro finalidades específicas, el proceso ha de “contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos”.

Respecto a la parte final, en efecto es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el tema de los derechos humanos, lo que ha tenido gran impacto en el derecho procesal penal. En este asunto, lo que se ve es una desventaja pragmática para la víctima, pues en los hechos los catálogos de derechos otorgados resultan beneficiar, en ocasiones en forma desproporcionada, al delincuente o presunto infractor. En efecto, quienes son procesados gozan de un sinnúmero de prerrogativas, lo cual indudablemente es digno de promoción y respeto, pero no hay que olvidar la asignatura pendiente, que es precisamente la vigencia efectiva de los beneficios para quienes sufren los efectos del delito. Las víctimas o los familiares de ellas son atendidos todavía pobremente en el ámbito del derecho, siendo que debería gozar de mayores y mejores prerrogativas. Lo importante es darle al proceso penal un justo medio donde los derechos de todos los que participen estén equilibrados, y nadie asuma un papel superior.

La finalidad del objeto del proceso penal está relacionada con la búsqueda de la verdad y la justicia. Respecto a la verdad, esta ha de estar ajena al formalismo, lo cual por desgracia con frecuencia se impone. La verdad formal está en concordancia con el derecho, y la histórica con la justicia. Al hablar de esclarecimiento de los hechos, se trata de encontrar no una verdad artificiosa ni formalista, sino la versión que intente en lo posible ser lo más apegada a lo que realmente sucedió.

Igualmente, la finalidad es la reparación del daño, lo cual al margen de tecnicismos y formalismos jurídicos, en los hechos debe suponer realmente el restablecimiento de lo que se dañó por el delito, el monto del objeto, además de una indemnización a las víctimas, de acuerdo al perjuicio padecido. La reparación del daño debe ser atendida con mayor interés por el derecho procesal penal; si bien es cierto se ha avanzado, lo real es que falta mucho por garantizar en ese renglón principal. La víctima ya ha sufrido de manera brutal el delito, para que además se le escatime el beneficio de la reparación del daño, el cual tiene que entenderse en diversas dimensiones.

Para perseguir esas finalidades todos los actores institucionales tienen una responsabilidad a lo largo del proceso, pero son principalmente los jueces, como máxima autoridad, los que velan por esos fines. El juez es el encargado de determinar si en efecto existió alguna conducta delictiva, y de imponer en su caso al delincuente la sanción correspondiente, además de vigilar el buen desarrollo del proceso, y ser siempre protector de la víctima, en el sentido de no dejar que su interés quede descuidado y que se le repare siempre que sea procedente. n