Corrupción y fraude electoral, delitos graves

Escrito por  Esthela Damián Peralta Ago 15, 2018

Hace unos días, el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue enfático al anunciar que está trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas que presentará al Congreso de la Unión el próximo 1 de diciembre: una relacionada con la austeridad republicana y la otra con el estado de bienestar.

El combate a la corrupción, el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones como la compra del voto, el uso de recursos para favorecer a candidatos, la falsificación de actas, entre otros, así como el robo de hidrocarburos, serán considerados delitos graves, sin derecho a fianza.

Respecto al primer paquete que tiene que ver con la austeridad, indicó que reformará el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones sea juzgado por los delitos de corrupción, también se va a abolir el fuero constitucional a servidores públicos.

Asimismo, habló de modificar la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República; en este paquete se incluirán modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente.

El segundo paquete que tiene que ver con el estado de bienestar en el que será prioridad orientar el presupuesto para garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, para ello se modificará el Artículo 3 y se cancelará la mal llamada reforma educativa.

Explicó que en este paquete se considera el aumento a la pensión de adultos mayores, que quedará establecido en una ley, la pensión para discapacitados pobres. También se convertirá en ley el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes.

El presidente electo informó que las iniciativas de reformas las está coordinando Julio Scherer Ibarra, quien será el coordinador de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.

Afirmó que mantendrá los sueldos de burócratas de nivel intermedio y que los que ganan menos recibirán más.

Dijo que se llevará a cabo una política de justicia laboral, que va a consistir en bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y mantener los de los servidores públicos intermedios, y que los que ganan menos tengan un aumento progresivo.

Reveló que ya pidió al próximo secretario de Hacienda que se formule un tabulador claro, para que el pueblo de México sepa cuánto ganan los servidores públicos, y no se escondan percepciones y bonos.

López Obrador se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde abordaron la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la integración de la Fiscalía General.

Además, el presidente electo advirtió que durante su gobierno los funcionarios públicos no tendrán seguros médicos de gastos mayores ni atención médica privada.

Esto luego de conocerse que el gobierno destina actualmente 3 mil 838 millones de pesos para los seguros de gastos médicos mayores; de éstos, el Poder Ejecutivo concentra mil 681 millones de pesos para pagar 65 mil 981 pólizas, el Poder Judicial destina mil 673 mdp para cubrir los gastos de 44 mil 427 trabajadores y el Poder Legislativo sólo reporta un gasto de 148 millones de pesos para asegurar a mil 462 funcionarios. Además, los órganos autónomos destinan 335.3 millones de pesos a 9 mil 28 pólizas.

Adelantó que propondrá a los poderes Legislativo y Judicial que hagan lo mismo para que sea un plan de austeridad de Estado, y no sólo del gobierno federal.

Asimismo, sostuvo que ha recibido muestras de apoyo para aplicar el llamado plan de austeridad y así ahorrar fondos gubernamentales.

Con estas acciones, el próximo presidente de la República buscará acabar con la percepción internacional de que México sea considerado un país muy corrupto.

Y es que un sistema nacional anticorrupción que se enfrentó a un sinnúmero de barreras para implantarse. Una Procuraduría General de la República sin la autonomía necesaria para investigar los grandes escándalos de corrupción. Y leyes pensadas para combatir el desvío de dinero público que no logran aplicarse en los Estados, son algunas de las razones por las que nuestro país figuró en la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción en el último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional.

Es el peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

En el informe México alcanzó 29 puntos, en una escala en la que 0 es lo más corrupto y 100 lo menos. Esto ubica al país en la misma posición que Honduras y Paraguay, pero por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. La nación mejor colocada en el estudio es Nueva Zelandia, con 89 puntos. n