Jurisprudencia sobre el procedimiento abreviado

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ago 11, 2018

Una de las “novedades” introducidas en nuestro sistema jurídico por la reforma penal del sistema acusatorio fue el procedimiento abreviado. Como ya es sabido, consiste en que el Ministerio Público solicita al juez se imponga una pena reducida al imputado, a cambio de la aceptación de los hechos por parte del inculpado. Esta figura se muestra con intensidad, como una fórmula para evitar el congestionamiento de los órganos judiciales por la gran cantidad de asuntos que han de atenderse. También es conveniente destacar, que esta figura existe en otros países latinoamericanos y en Estados Unidos de América. Su intención es privilegiar la eficiencia del órgano.

En el procedimiento abreviado, el imputado deberá estar debidamente asesorado por su abogado, y entender con claridad el alcance de su aceptación de responsabilidad. Al aceptar los hechos que se le imputan, éstos deberán coincidir con circunstancias que permitan asegurar la culpabilidad; esto es, se trata de evitar que alguien acepte delitos que no ha cometido, sólo con la finalidad de recibir una sanción inferior. Al aceptar un imputado los hechos delictivos, éstos deben estar concatenados con datos de prueba que aseguren al juez, que en efecto y de manera cierta, el imputado es responsable de los ilícitos que reconoce como propios.

La figura desde su creación ha suscitado múltiples discusiones en la doctrina, y en la propia práctica ha habido desacuerdos sobre su alcance y limitaciones. La jurisprudencia da cuenta de ello, al respecto, es de interés comentar lo que se afirma en la recientemente publicada Tesis: PC.III.P. J/17 P, dada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, que da solución a la Contradicción de tesis 4/2018.

En este criterio se atiende lo relativo a la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución ministerial que niega una reducción de la pena para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado. Es decir, cuando el órgano acusador decide no llevar adelante una petición en este sentido.

Sobre el tema, la jurisprudencia analiza la naturaleza de este acto. Según se resuelve, esta resolución ministerial no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo cual se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. Según se detalla, “el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión”. La naturaleza del acto se define en función de tres razones: “a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b) se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c) no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código referido.”

De este modo, dada la naturaleza de la resolución en este caso, como una suerte de “acuerdo” entre el órgano acusador y el acusado, no procede el amparo cuando el Ministerio Público no quiere llegar a este acuerdo, y por tanto, no ofrece reducción de pena, pues el seguimiento de la terminación anticipada no es obligatorio. n