No a la militarización de la Ciudad de México

Escrito por  Esthela Damián Peralta Abr 18, 2018

A unas horas de que inicie el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un tema en el que la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, está completamente convencida es que la inseguridad en la capital no se resolverá trayendo al Ejército, tal como lo planteó el aspirante el PRI, Mikel Arriola.

El rechazo a la presencia de soldados vigilando las calles de la Ciudad de México obedece a que no queremos la guerra del narco, pues es una urbe de derechos y libertades, una ciudad que quiere vivir en paz.

Ciertamente, la manera de combatir la delincuencia es permitiendo a los jóvenes acceder a la educación, de ahí que la próxima jefa de Gobierno garantizó más presupuesto para crear más prepas y universidades.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) informó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, en el marco de acciones contra el crimen organizado.

En el capítulo sobre México de su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en varios países del mundo en 2017, el organismo subrayó que el gobierno mexicano ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la guerra contra el narcotráfico en México.

La impunidad ante violaciones graves a derechos humanos y los pendientes en la implementación de reformas que podrían combatirla son dos elementos centrales en el reporte.

Además, el organismo internacional indicó que en abril el Congreso aprobó la Ley General contra la Tortura, sin embargo, hasta el cierre de la redacción del documento, esta norma no había sido implementada.

Sobre las desapariciones forzadas en México, expuso que en general las autoridades no han identificado restos humanos hallados en fosas clandestinas en diferentes partes del país. Y que incluso son los propios familiares de las víctimas los que deben realizar las investigaciones mientras los ministerios públicos son omisos al respecto.

A lo anterior se suma que el dramático saldo de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico arroja 80 mil civiles asesinados, 30 mil desaparecidos y 250 mil desplazados por la violencia.

En términos de la industria, pese a sus luchas intestinas por el control de los territorios y mercados, los nueve grandes cárteles mantienen el poderío a nivel internacional: en estos años, han afianzado su liderazgo en la exportación de drogas de diseño, particularmente de cocaína, heroína y metanfetaminas, a países de los cinco continentes.

El mayor mercado mundial, Estados Unidos, es abastecido por los narcotraficantes mexicanos, en estrechas alianzas con pandillas y grupos locales. Las relaciones de estos criminales se han detectado incluso con las mafias internacionales más poderosas, como la italiana ’Ndrangheta, la japonesa Yakuza o el colombiano Cártel de Cali.

De esta manera, las detenciones, los encarcelamientos, las ejecuciones o las extradiciones de líderes no han significado un golpe letal al negocio. Por lo contrario: han atomizado los grupos a tal punto que se han contabilizado más de 200 células y pandillas ligadas al tráfico de estupefacientes.

La militarización y los enfrentamientos entre militares y civiles armados no significan realmente que se esté combatiendo el crimen y todos los delitos de alto impacto asociados a éste, como ejecuciones, desapariciones, secuestros, cobro de piso, lavado de dinero, tráfico y posesión de armas, etcétera.

Es un hecho que un combate franco requiere del desmantelamiento de todo lo que hace posible el crimen, sobre todo de las redes de protección y blanqueo de capitales que se enquistan en los círculos más poderosos e impunes del país.

Y eso es precisamente lo que el gobierno no ha tocado: el sector empresarial y político gubernamental involucrados en este negocio no han sido investigados; menos aun juzgados o sentenciados por sus crímenes. Muchos de ellos, verdaderos cabecillas de los cárteles.

Es por ello que cientos de compañías que lavan dinero, muchas del sector bancario financiero, son las mejores fachadas del crimen organizado. Pues incluso cuando se les juzga en otros países por su asistencia a narcotraficantes, en México no se les condena.

El lavado de dinero es uno de los delitos con mayor índice de impunidad en el país, pese a que el recurso económico es el elemento que permite a los criminales comprar armas de alto poder, reclutar masivamente sicarios y halcones, tener casas de seguridad, corromper autoridades, etcétera.

Así, queda claro que la administración federal nunca tuvo la voluntad de enfrentar esa lucha, porque la rentabilidad criminal sostiene una parte importante de la economía. Autoridades del país vecino calculan que, cada año, los narcotraficantes mexicanos lavan entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares (entre 109 mil 200 millones y 709 mil 800 millones de pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar), sólo por ventas en Estados Unidos.

Como nunca, se revela la farsa que ha sido la supuesta guerra contra el narcotráfico, principal política pública en este gobierno y en el de Felipe Calderón, que lo único que ha generado es miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por doquier. n