El becagate de Alejandra Barrales

Escrito por  Esthela Damián Peralta Mar 21, 2018

La trayectoria política de Alejandra Barrales, hoy flamante candidata de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ha estado rodeada de grandes escándalos vinculados a actos de corrupción, como el llamado becagate, el programa de becas que creó de cara al proceso electoral de 2012 desde la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), el cual fue tan opaco que no hubo manera de verificar la existencia de los supuestos 39 mil 349 beneficiarios.

Y no lo digo yo, sino que así lo determinó la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría General de ese órgano legislativo tras hacer una revisión al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal (Fijov).

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012 que entonces se dio a conocer, la V Legislatura local no integró un padrón único de beneficiarios, ni garantizó un modo de verificar su existencia.

Se trata de un programa de apoyos económicos para estudiantes de nivel bachillerato y superior que implementó la ahora candidata del PRD en su intento por convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A dicho proyecto se destinaron más de 250 millones de pesos en los años 2011 y 2012, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nunca pudo justificar. Es más, esto generó un conflicto entre la V y VI legislaturas.

A mediados de 2012 trascendió que no había claridad en el uso de los recursos públicos que se enviaron al Fijov y que al término de su gestión los anteriores legisladores se repartieron 100 millones de ese rubro, mismos que repusieron los actuales.

La Comisión de Gobierno, que entonces estaba a cargo de Manuel Granados, dio a conocer detalles sobre la inexistencia de los beneficiarios, pues al emplazarlos a acreditar su matrícula escolar sólo aparecieron 3 mil de los 20 mil inscritos en escuelas privadas. Y es que el Fideicomiso destinó recursos a estudiantes de instituciones públicas y a 10 instituciones privadas.

De acuerdo con la auditoría F/09/13-ALDF, el Fijov contó con las listas de alumnos beneficiarios proporcionadas por las instituciones educativas, pero la Asamblea no integró un padrón único de beneficiarios del programa de apoyos.

Esto denotó deficiencias de control interno, pues no dispuso de la información que permitiera identificar y localizar a los alumnos beneficiarios, así como confirmar que hubiesen obtenido una beca escolar para concluir satisfactoriamente sus estudios en los niveles medio superior y superior.

El importe destinado para cada uno de los beneficiarios era de 15 mil y 17 mil pesos anuales para nivel bachillerato y educación superior, respectivamente, según las reglas de operación.

Las conclusiones de la auditoría detallaron que, si se hubiera respaldado toda la información, se habría garantizado el otorgamiento de los apoyos bajo los criterios de transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad.

La auditoría practicada por la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal corresponde al periodo del 27 de abril al 31 de diciembre de 2012.

Ahí se solicitó la documentación correspondiente al número de jóvenes incorporados, así como el importe pagado por cada uno de ellos, en todos y cada uno de los programas financiados por el fideicomiso.

El resultado de esta indagatoria indica que la documentación presentada por algunas de las instituciones educativas privadas e incorporadas al Fijov estuvo incompleta.

La población objetivo, en el comienzo del programa, fueron jóvenes con edades entre 15 y 19 años para bachillerato, y entre 19 y 26 años para licenciatura. El Comité Técnico aprobó exceder el programa hasta los 29 años de edad.

Los requisitos que debían entregar los interesados en obtener una beca eran: acta de nacimiento, comprobante de residencia en el DF y credencial de elector; y para los mayores de edad, certificado de secundaria o de bachillerato, según el caso. Todo en copia y original.

Se cuenta con los formatos de registro en los que se hacía constar el nombre del solicitante, dirección, fecha de nacimiento, clave CURP, teléfonos de contacto y las opciones educativas, pero no se advierte que la ALDF hubiera conservado la documentación personal de los alumnos, misma que por otra parte debía mantenerse en posesión de la institución educativa para efectos y trámites correspondientes.

Cuando se creó el Fideicomiso, varios asambleístas se opusieron y acusaron a Alejandra Barrales de utilizar ese dinero como plataforma política, pues la ALDF no tenía facultad para meterse en esa área, ni para garantizar su correcta aplicación.

Además, denunciaron que hizo convenios con instituciones patito, las cuales no ofrecían un nivel escolar adecuado. El primero en alzar la voz fue el asambleísta Víctor Varela. Luego las denuncias señalaban opacidad en su operación y beneficiarios.

Incluso, tomaron 100 millones del Fideicomiso para repartírselos. La VI Legislatura repuso ese dinero el 21 de diciembre de 2012, y así tuvo una justificación para incrementar el presupuesto de la ALDF en casi 200 millones de pesos.

Si de todo esto fue capaz Alejandra Barrales, nos preguntamos: ¿De qué no será capaz si gana la elección de jefa de Gobierno de la Ciudad de México? n