Informes contra la impunidad y la mentira

Escrito por  Sergio Ferrer Mar 19, 2018

 

Los informes de relevancia respecto al caso Ayotzinapa fueron presentados la semana pasada en la Ciudad de México. Se trata de: “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa” y de “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Además, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se posicionaron frente a las revelaciones del informe de Naciones Unidas y celebraron la VI Convención Nacional Popular.

El informe “Yo solo quería que amaneciera” se generó conforme a las recomendaciones del GIEI y la CNDH; es el resultado de un trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y un equipo médico. El estudio coordinado por Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, aborda los impactos psicosociales de los hechos ocurridos en Iguala; es decir a lo que se enfrentan las víctimas, los familiares de víctimas y supervivientes en lo individual y lo colectivo.

En la pasada audiencia pública del caso Ayotzinapa del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desarrollada en Bogotá, Colombia, el gobierno mexicano se negó a asumir el compromiso de adoptar el documento como una base para la generación de planes de atención y, si es el caso, de reparación para las víctimas.

El informe reúne 64 entrevistas a grupos de víctimas, familiares de los estudiantes asesinados, de los estudiantes heridos y de los estudiantes desaparecidos. Testimonios que ubican desde secuelas postraumáticas en el caso de los estudiantes normalistas supervivientes a los ataques de septiembre de 2014, a la alteración del proyecto de vida o desplazamiento de su lugar de origen en casos de estudiantes que fueron gravemente heridos y sus familiares, además de abordar también los procesos de duelo traumático que atraviesan los familiares de normalistas asesinados; las profundas afectaciones a niños y niñas que buscan dar sentido a los hechos ante falta de respuestas.

El informe muestra el “duelo congelado” por el que pasan familiares de los 43 jóvenes normalistas al no saber si sus hijos están vivos o muertos. Revela la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que son de pueblos indígenas. Contiene también otros testimonios de personas con familiares desaparecidos. El caso Ayotzinapa sigue destapando cloacas; la lucha por la justicia y la verdad no frenará.

A más de tres años de impunidad, el Estado mexicano debe esclarecer los hechos, dar con el paradero de los estudiantes, así como dejar de ser un ente revictimizador; abandonar su mentira histórica reconociendo públicamente la falta de sustento científico de la hipótesis oficial del caso Ayotzinapa, la del basurero de Cocula; atender las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas, así como las recomendaciones mismas del Informe de impactos psicosociales.

El otro informe presentado la semana pasada fue: “Doble Injusticia. Violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el cual ratifica que no se puede lograr la justicia por violaciones graves de los derechos humanos cometiendo otras violaciones graves a los derechos humanos. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su respeto y anunció que incorporará a sus investigaciones el documento presentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno mexicano respondió cuestionando y descalificando el trabajo del Alto Comisionado.

Toques eléctricos, violencia sexual, amenazas de muerte, golpes en los oídos, asfixia y ahogamiento son las modalidades de tortura y tratos crueles documentados por la ONU en la primera etapa de la investigación posterior a la desaparición de los jóvenes. Naciones Unidas registró de un total de 129 personas procesadas, 34 de ellas torturadas, según muestran análisis de caso con fuertes elementos de convicción sobre la comisión de ese delito y otras violaciones de derechos humanos en las detenciones.

Fue la Policía Federal, la Ministerial, la Marina y la PGR, principalmente la Seido, las que habrían cometido actos de tortura que, según declaraciones, sucedieron en vehículos durante su traslado, en casas sin identificar, terrenos baldíos o en las oficinas de la PGR. En 33 casos, la ONU tuvo acceso a exámenes médicos practicados 24 horas o varios días después de la detención, que acreditan las lesiones.

Otro caso de relevancia en el informe es el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien el 27 de octubre de 2014 habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por marinos que lo detuvieron.

El informe exhibe la irresponsabilidad de funcionarios como Tomás Zerón, quienes afirmaron que integrantes del equipo de la ONU-DH y antropólogos argentinos estuvieron en la diligencia del río San Juan, lo cual es falso. Por otro lado, constataron que hubo un genuino esfuerzo de la Visitaduría General  de la PGR, encabezada por César Chávez, para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios públicos, pero con su reemplazo fue algo que no ocurrió.

En conclusión, la ONU Derechos Humanos concluye que la impunidad en la tortura afecta no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también el derecho a verdad y justicia de las víctimas de los ataques de Iguala. Asimismo, llama a establecer una fiscalía que sirva; recomienda la creación de una institución nacional de ciencias forenses y, desde luego, recomienda a los tres niveles de gobierno abstenerse de emitir cualquier declaración incriminatoria, denigrante o descalificatoria contra víctimas, OSC y personas que promuevan la erradicación de la tortura en México.

Con una postura firme frente a lo informado por la ONU, el comité de padres y madres de los 43 dejó claro en conferencia de prensa que no defiende a ningún delincuente, sino lo que quieren es la verdad, pero no una verdad bajo tortura. Para este fin de semana, organizaciones, docentes, sindicatos, activistas, normalistas de Ayotzinapa y familiares de los estudiantes desaparecidos acudieron a la Ciudad de México para celebrar la VI Convención Nacional Popular, dentro de la cual se manifestaron los diversos problemas que atraviesa el país, se llamó a la unidad y se estableció un calendario de actividades y jornadas de lucha para este año.

Desde este espacio lamento profundamente el asesinato de Marielle, la activista negra defensora de los derechos humanos que luchó contra los abusos cometidos por la policía militar de Río de Janeiro, la criminalización de la población de las favelas y los abusos policiacos, allá en Brasil. Te recordamos, y eres ejemplo de lucha, compañera. Acá en México hay un monstruo aunado al escenario actual de violencia y barbarie que se llama Ley de Seguridad Interior. n