Legislación sobre el agua

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 18, 2020

La legislación mexicana sobre el tema comienza con la Constitución de 1824, que faculta al Congreso General para legislar sobre la apertura de caminos y canales. Posteriormente, la constitución de 1857, en su artículo 72, fracción XXII, otorga al Congreso la facultad de determinar cuáles son aguas de jurisdicción federal, así como de expedir leyes sobre su utilización y aprovechamiento.

Algunos otros hechos, en los cuales se observa una notoria participación estatal sobre el tema de las aguas, se dieron, entre otros, en 1827 con la creación de la Comisión del Desagüe de Huehuetoca; y las declaraciones de Benito Juárez en 1868, sobre su intención de elaborar una ordenanza sobre aguas.

Es en 1894, ya durante el porfiriato, cuando se promulgó la primera ley sobre aprovechamiento de agua, con jurisdicción federal. Asimismo, se creó la Comisión Hidráulica para llevar a cabo obras de prevención de inundaciones, rectificar cauces y derivaciones de corrientes. En 1909 se modificó la ley de 1894, estableciéndose que las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.

Durante el porfiriato empezó la construcción de obras hidráulicas, hidroeléctricas, presas, obras de saneamiento, perforación de pozos e instalación de bombas, así como la continuación del Gran Canal, por medio de concesiones y créditos otorgados por el gobierno.

Se da después la época revolucionaria, con muy poca actividad en lo referente a las aguas. Es hasta 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza convoca al Congreso, que promulga la Constitución de 1917, que precisa en su artículo 27 que la tierra y el agua son patrimonio de la nación y deben integrarse a la comunidad para buscar el beneficio social.

El 4 de enero de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulga la Ley de Irrigación con Aguas Federales, enfocada al uso de agua con fines agrícolas, y se construyen grandes distritos de riego en la zona norte del país.

Otras leyes referentes a la materia del agua durante el siglo XX fueron las Leyes de Aguas de Propiedad Nacional, del 6 de agosto de 1929, y la posterior del 30 de agosto de 1934; la Ley de Riegos, del 30 de diciembre de 1946; la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria, del 30 de diciembre de 1947; la Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 Constitucional, en materia de aguas del subsuelo, del 30 de diciembre de 1948; y principalmente la Ley Federal de Aguas, del 30 de diciembre de 1971.

Toda vez que esta Ley Federal de Aguas ya no respondía plenamente a los problemas generados por la intensificación del uso y contaminación del agua, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales, aprobada y en vigor desde el 2 de diciembre de 1992. Esta ley crea como única autoridad hidráulica a la Comisión Nacional de Aguas.

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en sus títulos Cuarto, Sexto, Séptimo y Décimo, enlistan las principales actividades que regulan la administración de los usos del agua. El título Cuarto provee la definición de las aguas nacionales y el procedimiento para otorgar las concesiones y las asignaciones para el uso o aprovechamiento del agua; incorpora los derechos y obligaciones de los concesionarios, la obligatoriedad de inscribir los títulos de concesión en el Registro Público de Derechos de Agua y las disposiciones para efectuar transmisiones de derechos del agua.

El título Sexto menciona los usos del agua y las condiciones para obtener asignaciones para uso público urbano por los sistemas estatales o municipales de agua potable y alcantarillado, disposiciones generales para utilizar el agua en actividades agrícolas por medio de concesiones otorgadas a ejidos, comunidades, distritos y unidades de riego; y establece disposiciones para el uso del agua en otras actividades productivas (industria, acuacultura y turismo, entre otras).

El título Séptimo se refiere a la prevención y control de la contaminación de las aguas, y establece medidas y acciones para proteger la calidad del agua por medio del control de las descargas de aguas residuales.

El título Décimo indica las sanciones consideradas por la Ley de Aguas Nacionales por infracciones a las disposiciones legales.