Antijuridicidad y delincuencia de menores

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 12, 2020

¿Cómo se presenta el aspecto antijurídico en el caso de las conductas atípicas cometidas por menores? Nuestro planteamiento gira principalmente en torno a identificar lo que sucede cuando el menor se desarrolla en un ambiente criminógeno, especialmente en el caso del entorno familiar, en el que se soslayen y aun se incentiven las conductas ilícitas; si bien toda conducta tipificada en la ley penal adquiere por tal motivo el carácter de ser antijurídica formalmente, dicho carácter exige confirmación práctica del conglomerado, para que la conducta pueda ser a su vez antijurídica materialmente.

No es nuestra intención adoptar una postura que diferencie completamente la antijuridicidad material de la formal; pero, yendo más allá del aspecto meramente teórico, conociendo nuestro entorno, es factible que ambas puedan no sólo estar separadas, sino que resulten inclusive contradictorias. En México, como en muchas otras naciones, es factible que se presente este fenómeno por dos causas principales: a) de inicio, por la impreparación y poca lucidez de los legisladores, quienes ajenos totalmente a las necesidades colectivas, suelen comprometer en el texto legal los intereses de la mayoría en beneficio de unos cuantos; así, resulta común que se pretenda prohibir por la ley conductas que a consideración del conjunto social no son repudiables, sino inclusive plausibles, y b) en caso contrario, tratándose del auge incontenible de la criminalidad, suele suceder que la marginación y las condiciones de carencia extrema crean islas o núcleos sociales aislados del resto de la población, en los cuales, por las propias condiciones de marginalidad y pobreza, el repudio colectivo hacia los delitos (principalmente los patrimoniales) se va atenuando, hasta que, si bien no se considera totalmente correcta la comisión de conductas delictivas, sí se admite o se solapa su ejecución como vía de subsistencia.

Así las cosas, en nuestra opinión, acorde con las tendencias garantistas, que afirman que el menor no delinque por sí mismo, sino que incurre en conductas antisociales por factores ajenos a sí, consideramos que en el caso de un menor que se desarrolla en un ambiente social que propicia y alienta las conductas ilícitas, no se presentará el sentido de lo antijurídico materialmente, porque en su entorno no se reconoce o se disimula la lesividad social de su conducta. Ello, especialmente tratándose del ámbito familiar, el cual, al ser el primer círculo de socialización al que tiene acceso el menor, es sin duda el primer punto de acceso del infante a los valores sociales, entre ellos, el respeto a la ley.

En una sociedad que promueve constantemente los actos de violencia armada, como la de Estados Unidos, no obstante que las conductas estén incluidas en el orden jurídico y sean antijurídicas formalmente, la relajación en el sentido antijurídico material del conglomerado social fomenta la comisión de dichas conductas; el menor, creciendo en ese ambiente de ambivalencia, es factible que se incline por ellas, como de hecho sucede, pues tiene como ejemplo las cada vez más comunes matanzas de estudiantes a manos de un compañero.

En el caso de México, un menor que se desarrolla en un ambiente de pobreza y marginación, en el cual observa que sus semejantes tienen como fuente principal de ingresos el robo o el secuestro, es probable, igualmente, que una vez que esté en posibilidades de hacerlo, se dedique a la realización de dichas conductas, que si bien están tipificadas, y por tanto son antijurídicas formalmente, debido a la desintegración social no se identifica en ese sector su antijuridicidad material.

De tal suerte que, aunque la doctrina tienda a unificar la antijuridicidad formal con la material, en la práctica influyen numerosos factores que causan su separación. En el caso de un menor que ha delinquido, consideramos que es de especial importancia el que pueda determinarse si al hacerlo tuvo conciencia de que su conducta era indebida, contraria a la ley, tanto en el aspecto estrictamente jurídico (formalmente) como en el social (materialmente). n