Jurisprudencia sobre víctimas

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 05, 2020

Se publicó recién una interesante jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte que resuelve la contradicción de tesis 77/2017, relativa a la suplencia de la queja para la víctima en la apelación. Sobre la suplencia, cabe recordar que se trata de un beneficio procesal que se concede para la protección de las partes más susceptibles en un proceso, como son la víctima o el imputado, según el caso. Esta suplencia supone un auxilio hacia la parte que se encuentra en circunstancias que le obstaculizan el adecuado manejo técnico jurídico.

De acuerdo con el criterio afirmado por la Sala, los tribunales de alzada no deben suplir los agravios de las víctimas u ofendidos cuando interponen la apelación contra sentencias definitivas emitidas en procesos penales tradicionales o mixtos. Según la Sala, esa suplencia más que solamente garantizar sus derechos, conduciría a que el órgano de apelación juegue un papel activo en favor del poder punitivo estatal. Se entiende así, al parecer, que la posición de las víctimas va de la mano con los intereses del poder punitivo, cosa que no siempre es así. La Sala precisa que esto aplicará siempre que las víctimas u ofendidos no se encuentren en una situación particular de vulnerabilidad.

Ahora bien, la justificación a este criterio, según se explica, es que parece darse cierta preeminencia al diseño estructural del proceso penal como favorable a los imputados. Así, señala la Primera Sala que la participación de las víctimas u ofendidos debe guardar armonía con el debido proceso penal, y entrar en convergencia con los derechos humanos de defensa y presunción de inocencia de los imputados, como principios rectores del garantismo penal.

En esta tesitura, se ha de lograr la igualdad entre los derechos de las víctimas, ofendidos e imputados. Esa igualdad, explica la Primera Sala, siendo de índole procesal, implica la posibilidad de hacer valer sus respectivos intereses con similitud de armas jurídicas, siempre y cuando no conduzca al desconocimiento de las directrices fundamentales del procedimiento penal moderno, entendido como un conflicto entre el Estado y el justiciable, donde la parte débil es el imputado.

De este modo, como ya sugerimos, bajo la óptica de la Primera Sala, se considera que la suplencia de agravios en favor de las víctimas u ofendidos en un recurso ordinario de apelación contra una sentencia definitiva emitida en un proceso penal seguido conforme al sistema tradicional o mixto, supondría que el tribunal de alzada se coloque en un papel inconstitucional, de desempeñar un papel activo en favor del poder punitivo estatal. Esto es, según entendemos, contra el imputado.

La Primera Sala abunda que el artículo 21 de la Constitución separa de manera tajante la función de perseguir el delito, propia del Ministerio Público, de la de juzgar. A esto se suma que, si bien el constituyente reconoció a víctimas y ofendidos el derecho a coadyuvar con el mencionado representante social, no previó la obligación de subsanar sus deficiencias argumentativas. Por tanto, aunque las víctimas u ofendidos están legitimados para interponer el recurso de apelación contra sentencias definitivas emitidas en procesos penales tradicionales o mixtos, los tribunales de alzada no están en posibilidad de suplir sus agravios, pues ello sería en detrimento del justiciable y en favor del poder punitivo estatal.

Finalmente, adiciona la Sala, aunque en términos generales las víctimas y ofendidos no son juristas, no toca a los órganos jurisdiccionales apoyarlos, sino que sus dolencias técnicas y argumentativas deben solventarse por vía de su derecho a recibir asesoría jurídica, la cual debe provenir de entes públicos o privados ajenos a los tribunales. n