Jurisprudencia sobre penas del delito de secuestro

Escrito por  Eduardo López Betancourt Sep 14, 2020

Recién se publicó una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se decide una regla sobre la aplicación de las penas para los delitos de secuestro agravado. Recordemos que para este delito, desde la publicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se prevén las sanciones más endurecidas del sistema jurídico mexicano. Así, para el caso de las hipótesis delictivas del artículo 9 de la ley se prevé como sanción de 40 a 80 años de prisión y de mil a 4 mil días multa. Esto, para el secuestro con el fin de obtener rescate, cuando se detiene en calidad de rehén a una persona, o con la finalidad de cometer secuestro exprés, entre otras modalidades.

Por otra parte, para las hipótesis agravadas del artículo 10 se prevén dos penas según las modalidades; por un lado, la pena de 50 a 90 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa, o bien, de 50 a 100 años de prisión y de 8 mil a 16 mil días multa.

La tesis 12/2020, que resuelve la contradicción de tesis 66/2019, se refiere al problema de si es válido acumular las penas de ambos artículos. La jurisprudencia señala que no es correcto aplicar estas penas acumuladas establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En su criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la regla que debe prevalecer es que únicamente debe imponerse la pena dentro de los márgenes precisados en la figura típica agravada en términos de lo previsto en el artículo 10 del mencionado ordenamiento legal. En este caso, no es posible realizar un ejercicio de acumulación de las penas previstas en tales normas porque con ello se transgredirían los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta transgresión significaría considerar en dos ocasiones los elementos que definen la conducta básica, noción que se rechaza tratándose de tipos penales derivados o cualificados como el contenido en el artículo 10. Asimismo, añade la Primera Sala, la aplicación excluyente de las penas impide racionalmente dar más peso a la agravante, que sólo es un aspecto calificador y accesorio del tipo simple, que a la propia figura delictiva de carácter principal.

Finalmente, se considera que esta apreciación es congruente gramaticalmente con el uso de la expresión “se agravarán” contenida en el referido artículo 10, la cual denota que el ejercicio de exclusión de las penas fue planteado por el legislador desde la definición de los tipos y las penas correspondientes.

En esta jurisprudencia, la Primera Sala ratifica un conocido principio en materia penal, pues la aplicación simultanea de ambas penas resultaría un ejercicio violatorio del principio non bis in ídem, al ponderar en dos ocasiones un mismo elemento de manera perjudicial para la persona sentenciada, concretamente revalorizar los elementos base de la conducta delictiva, lo que se traduciría en imponer dos penas por una sola causa, lo que, como se sabe, está prohibido por la Constitución. n