Feminicidios, de Ciudad Juárez a Chilapa

Escrito por  Raúl Sendic García Feb 21, 2020

Los asesinatos de mujeres en México tienen su antecedente más representativo en Ciudad Juárez, con una ola de feminicidios a gran escala en la década de los 90.

Ciudad Juárez, Chihuahua, está a tres kilómetros de la ciudad de El Paso, Texas, que es uno de los puntos fronterizos más transitados. En el contexto del narcotráfico y de la consolidación del Cártel de Juárez, que controló esta ciudad, se vio incrementado el feminicidio, en medio de una ola de inseguridad y de una presencia policiaca y militar sin precedentes, eran los tiempos de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El TLC generó un fuerte intercambio con Estados Unidos que impactó la actividad económica fronteriza, el establecimiento de maquiladoras, de productoras textiles que concentraron a grandes masas de fuerzas de trabajo de todo el país y trabajadores sometidos a explotación laboral, que laboran de manera precaria, con bajos salarios, sin prestaciones, ni garantías laborales, jóvenes mujeres que hallaron en la maquila una fuente de ingresos para su familia.

El fuerte machismo, las rutas del trasiego de droga, la alta concentración poblacional de mujeres que se dedican a la maquila generaron una oleada de violencia de género; el desierto se convirtió en cementerio, con cadáveres de mujeres violadas y abandonadas a la intemperie; con un común denominador: muy jóvenes, menores de 25 años, y de escasos recursos económicos, abusadas sexualmente, estranguladas, baleadas, acuchilladas, con huellas de tortura y vejación. Sólo entre 1993 y 2005 se registraron 379 feminicidios, pero las organizaciones no gubernamentales han señalado que después de 2010 se pudieron haber generado 300 feminicidios más.

En sus comienzos este fenómeno fue negado por el Estado; los casos no fueron investigados, las víctimas fueron estigmatizadas y revictimizadas al señalarlas como culpables de su infortunio. A lo largo de este tiempo fueron detenidos varios sospechosos; algunos fueron condenados, otros salieron libres al comprobarse que fueron obligados a confesar estos crímenes bajo tortura.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó tres feminicidios de manera puntual que ocurrieron en 2001, y acusó al Estado mexicano de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal; lo sentenció efectuar un acto público para reconocer su responsabilidad a nivel internacional y a emprender medidas de investigación y de prevención desde las perspectivas de género.

Se trató de minimizar los hechos: el Estado dijo que se trataba de hechos de violencia particulares, que fueron ejecutados por violadores, delincuentes comunes o asesinos seriales o por pandillas fronterizas, o que pudieran estar relacionados con el trasiego de drogas, o que incluso, como lo señala Diana Goldemann, pudieran estar implicados escuadrones de la muerte, por el patrón de las víctimas y el modus operandi, que señalan a grupos que se organizan específicamente para matar mujeres, como un hecho que se está produciendo en un conjunto de personas.

Guerrero, y en particular los municipios de La Montaña y de Chilapa y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, Iguala y Taxco, están padeciendo una ola feminicida; en los primeros 26 días del año se cometieron 24 asesinatos de mujeres. El gobierno no investiga, no da con los responsables, y las víctimas son estigmatizadas y manchada su imagen.

En Chilapa, los feminicidios son recurrentes; las víctimas, particularmente, son menores de edad que han sido torturadas, violadas, abusadas sexualmente y finalmente asesinadas, señaladas una y otra vez de ser miembros de la delincuencia organizada, sin ninguna investigación de por medio, sin pruebas fehacientes, con el único interés de contener el malestar de la población. El gobierno hace lo que sabe hacer: no investigar, permanecer pasivo e inmóvil, y mientras tanto los crímenes no se detienen, no se han activado los protocolos de seguridad, de investigación, ni tampoco de prevención.

En los días recientes fueron asesinadas dos mujeres aspirantes a cargos de elección popular en Chilapa: la priísta Dulce Nayeli Rebaja y la perredista Antonia Jaimes Moctezuma. La violencia parece no detenerse, y el Estado tiene el compromiso de la justicia, de decir no a la impunidad, de reducir la violencia y aplicar la ley.

En Guerrero, el problema es grave. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descentralizado en la Secretaría de Gobernación, señala que en el estado de México, Guerrero y Chihuahua, se registraron 301, 219 y 212 asesinatos dolosos de mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas señala y recomienda que todos los asesinatos de mujeres de entrada sean tratados como feminicidios, para que esta probable causa sea descartada sólo si así lo indican las investigaciones.

En su reportaje, Patricia Dávila, de la revista Proceso, señala que los gobiernos de los estados acordaron que así se hiciera en todo el país, pero no están cumpliendo el estado México, Guerrero y Chihuahua, según señala María Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses. n