Pleno ratifica cambios del Senado de la República


La Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta por el Senado de la República por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, y fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.   

Dicha norma tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación en la materia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.  

El documento, aprobado con 262 votos a  favor y 25 en contra, modifica los artículos: 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26  y agrega un Quinto Transitorio.

Entre los cambios está al artículo 1 para precisar que las disposiciones de este ordenamiento son de Seguridad Nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política en materia de Seguridad Interior.

En el artículo 7, se añadió que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Respecto al artículo 8, se indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la Seguridad Interior”.

En tanto, el artículo 9 se modificó para que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

El artículo 10 se señala que a falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a los casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que el Presidente de la República “de acuerdo a sus facultades” podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

"Procedente y necesaria Ley de Seguridad Interior para enfrentar al crimen bajo un marco jurídico y respeto a los Derechos Humanos"

"En Guerrero quien viola los derechos humanos son los delincuentes"

Pide el mandatario estatal al Senado superar limitaciones presupuestales a entidades para elevar capacidades de fuerzas locales de seguridad


Ciudad de México, 11 de diciembre.- Al emitir su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Ante senadores, el Ejecutivo guerrerense expresó: "Consideramos que es procedente aprobar el dictamen (Ley de Seguridad Interior) en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad.

"La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y paralelamente señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal".

Expuso que la condición de violencia de Guerrero es alarmante, a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, los cuales dijo, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que sufre el Estado.

En carta al Senado le pide analizar puntos que son retroceso a los derechos humanos

Les menciona que una legislación como esa no aporta soluciones reales para enfrentar la inseguridad

Hace observaciones sobre la ambigüedad de algunos conceptos contenidos en la nueva norma


Chilpancingo, 6 de diciembre. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab externó su preocupación por el contenido de la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso de la Unión y que ahora está en manos del Senado. 

Jan Jarab pidió a través de una carta, a los senadores de la República que analicen algunos puntos que son un retroceso a los derechos humanos. 

En la carta enviada a los senadores, Jan Jarab mencionó que en diversas ocasiones ha declarado sobre la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone, debido a que generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, “no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) considera que el artículo 9 del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por la Cámara de Diputados, contraviene el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6º de la Constitución.

El artículo 9 del dictamen de Ley señala a la letra “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

Al respecto, el Instituto advierte que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, el cual establece, por regla general, que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

En ese sentido, establecer que la información generada por la aplicación de la Ley será considerará de seguridad nacional, implica restringir, sin análisis alguno, el acceso a dicha información, pues como se refiere, la seguridad nacional, es una de las excepciones al derecho de acceso a la información.

Se vive un ambiente de violencia que va empeorando, manifiesta el Centro Morelos

La militarización no garantiza la reducción de violencia y habrá más violaciones a derechos humanos


Chilpancingo, 30 de noviembre. El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), lamentó que la Cámara de diputados haya aprobado la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual le da más facultades al Ejército, cuando se vive un contexto de violencia que cada vez se va empeorando. 

Además, advirtió que la militarización no garantiza la reducción de la violencia, como ejemplo puso Chilapa, donde se ha realizado cinco operativos policiaco-militares y este año las muertes se volcaron y adelantó que habrá más violaciones a los derechos humanos. 

En un comunicado, el Centro Morelos dijo que es preocupante que los diputados hayan aprobado la LSI sin consultar a organizaciones nacionales e internacionales que se habían manifestado en contra. 

“Lo que la sociedad mexicana necesita no es la militarización de esta, sino todo lo contrario, los militares tienen que dejar las calles de manera paulatina, devolviendo a las instituciones civiles el mando y conducción de la Seguridad Publica”, dijo el Centro Morelos. 

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