Envía el Centro de Derechos Humanos José María Morelos carta a los legisladores

El organismo manifiesta preocupación por la “falta de sensibilidad humana” de los representantes

“Están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y sólo tratan de sacar provecho”, acusa


Chilpancingo, 14 de enero. Para los colectivos de familiares de desaparecidos, es preocupante la falta de sensibilidad de los diputados locales que buscan negociar el retiro de la fiscal especial en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas. 

En una carta dirigida a los diputados de la 61 Legislatura, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón manifiesta su preocupación “por su falta de sensibilidad humana” al ser omisos o tomar decisiones a conveniencia, “en base al cálculo político o al interés personal”. 

Reclamaron que en el Congreso del estado haya diputados que pretendan negociar entre las fracciones parlamentarias el retiro de la propuesta de Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especial a cambio de aprobar la propuesta de Antonio Sebastián Ortuño. 

Son “negociaciones que no toman en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General”, reclamaron. 

Habrá una Comisión de la Verdad, todos podrán hablar sin amenazas, adelanta

El ex gobernador Aguirre Rivero está en su derecho de competir por un cargo, dice en Xochistlahuaca


Ometepec, 1º de diciembre. Para esclarecer el caso de los 43 normalistas de la normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se les dará garantía a la gente que hable a través de la Comisión de la Verdad, dijo Andrés Manuel López Obrador en Xochistlahuaca, al ser entrevistado luego del acto público que ofreció ante los ciudadanos amuzgos.

Así mismo expresó que Aguirre Rivero está en su derecho de competir por un cargo popular. A pregunta expresa sobre el caso de los 43 normalistas, dijo que cuando él llegue a ser presidente de la República aclarará lo que sucedió y no habrá encubrimiento, “va haber una Comisión de la Verdad”, para que sepa lo que realmente pasó, “se va dar garantía a todos los que tienen información, incluso los que están en la cárcel van a poder hablar con libertad, no va haber amenazas y se va a conocer toda la verdad”, adelantó. 

Sobre las aspiraciones políticas del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, uno de los coordinadores estatales del IPG (corriente del PRD que fundara su finado hijo), Humberto Zapata Añorve, declaró hace unos días que Aguirre Rivero buscará en el PRD, ser diputado federal en el distrito 8, “él es libre de participar, si no tiene un juicio puede ejercer su derecho, que gane es otra cosa”, expuso. 

En Acapulco, Atoyac y la Ciudad de México, las protestas de padres y estudiantes

Exigen justicia y rechazan la verdad histórica de la PGR; hay muchos cabos sueltos, señalan

Piden pruebas reales, científicas, fundamentadas, sobre qué les pasó a los jóvenes en Iguala


Normalistas, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no localizados desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, docentes de diferentes corrientes magisteriales, marcharon desde la unidad académica de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la parte alta de la ciudad, con rumbo a la franja turística de Acapulco.

Este martes se cumplieron tres años de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los manifestantes subrayaron que no creen en la verdad histórica del gobierno.

Con consignas que expresaron durante toda la movilización, jóvenes normalistas clamaron por justicia mientras caminaban por la avenida Solidaridad, desde de la parte alta de Acapulco.

Posteriormente caminaron por la avenida Cuauhtémoc para dirigirse al asta bandera, frente al parque Papagayo, donde realizaron un mitin, teniendo como fondo la bahía de Acapulco.

Durante la marcha, una y otra vez contaron en voz alta del uno al 43.

Advierten que de no hacerlo se perpetuará la impunidad en torno a este delito


Chilpancingo, 10 de septiembre. Organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México apremiaron a la Cámara de Diputados a que integre a la Ley General Contra la Desaparición Forzada las observaciones que organizaciones hicieron a fin de combatir este delito y la impunidad.

En una carta dirigida a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, los representantes de estas organizaciones sociales exigieron a los legisladores que en este periodo de sesiones se integren las propuestas que hicieron, entre las que destacan eliminar del dictamen el término “persona no localizada”, así como definir de manera diferenciada a la persona desaparecida de manera forzada y a la persona desaparecida a manos de particulares, en el título primero, capítulo primero, artículo 4.

Además indicaron que se debe modificar el título tercero, capítulo séptimo, sección primera, relacionado al Registro Nacional, el cual deberá llevar por denominación Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El dictamen debe establecer la responsabilidad del superior jerárquico en los casos de desaparición forzada, por lo que deberá modificarse el título segundo, capítulo tercero, artículo 29, para que quede exactamente como lo acordó la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su artículo 6.

Asimismo, piden a los diputados que se establezcan las actuaciones para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, además de agregar el acceso a cuarteles militares o a cualquier lugar perteneciente a las Fuerzas Armadas para la búsqueda de las víctimas, y la actuación inmediata de las autoridades cuando haya conocimiento de la probable comisión de desaparición forzada.

Demandan modificar la legislación necesaria, para crear el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, del cual dependerá el Banco Nacional de Datos Forenses.

Piden la creación de una instancia especial para la búsqueda inmediata y permanente de todas las víctimas de desaparición forzada de la época de la guerra sucia.

Exigen establecer que los agentes del Estado adscritos a las Fuerzas Armadas, sin importar su jerarquía, deben ser juzgados bajo la jurisdicción civil. Por ningún motivo bajo la jurisdicción militar.

Solicitan agregar un artículo transitorio en el que se especifique la reclasificación de los delitos, cuando estos hayan sido clasificados como otros que no sean desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Piden especificar que se debe contar con un presupuesto para otorgar las medidas de seguridad y reparación integral del daño de las víctimas, ajeno al otorgado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También, que todos los agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público, además de que la pena mínima no pude ser menor a 20 años de privación de la libertad.

“De ser aprobada esta ley tal y como la envió el Senado, sin integrar estas observaciones, se seguirá perpetuando la impunidad, y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación del daño y las garantías de no repetición”, advierten.

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