Sería reconocer la incapacidad del Estado; la ley no es negociable, advierte Sánchez Carbajal


Amnistiar a los capos de la delincuencia para lograr la paz en México sería el reconocimiento total de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, sería un acto de abdicación ante la obligación del gobierno de dar este servicio a la comunidad, expresó el presidente del Colegio de Abogados Barra de Abogados, Victoriano Sánchez Carbajal. 

Al analizar la propuesta emitida por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el jurista señaló que la ley no es negociable y para poder aplicar esta amnistía primero se tendría que modificar la Constitución para darle este carácter de negociable a las leyes penales, pues de lo contrario se estaría ante una violación flagrante del texto constitucional. 

Sánchez Carbajal señaló que es distinto el caso de cuando el Estado reconoce que con sus acciones u omisiones ha orillado a los ciudadanos a incurrir en actos violatorios de los códigos penales, como cuando hay una lucha social que deriva en acciones violentas, pero dijo que no es el caso de quienes cometen crímenes por el solo beneficio que da el negocio de la droga y otros ilícitos. 

El abogado señaló que para este tipo de propuesta tiene que existir un antecedente de lucha social, pues toda amnistía tiende a dar el perdón a quienes han incurrido en delitos tipificados en el Código Penal en vigor, pero debe tomarse en cuenta la problemática que existió en torno a la comisión de esos delitos. 

No hay civilidad, ni gobernabilidad: Ricardo Mejía Berdeja


Chilpancingo, 28 de noviembre. El Pleno del Congreso exhortó al fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez para que investigue y castigue a los responsables intelectuales y materiales del asesinato del dirigente de Movimiento Ciudadano de Quechultenango, Arturo López Solano. 

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, tras solicitar que se hiciera un minuto de silencio por este homicidio, manifestó que no se quisiera pedir en cada sesión un minuto de silencio, sin embargo, “desafortunadamente por el grado de inseguridad, de violencia y de impunidad que vive hoy el estado, esto pareciera ser un apartado en el orden del día”.

Criticó que en Guerrero, la vida ha perdido valor para los criminales quienes “actúan con saña, con crueldad y sin que haya ningún previo debate de la autoridad, de las instituciones encargadas de proteger a la población”. 

Recordó las cifras otorgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se destaca que este año ha sido el más violento en todo el país y en el caso de Guerrero, octubre había sido el mes con mayor incidencia con 2 mil 85 homicidios dolosos, cifra que –indicó- es el doble de la estadística de lo que fue precisamente en 1997.

“Y como están las cosas, octubre que fue el mes que rompió récord a nivel nacional y estatal; parece que se quedará atrás con el mes de noviembre, pues sólo hasta hace un rato había seis homicidios dolosos más: dos en Chilapa, dos en Acapulco en el Viaducto Metlapil Diamante, ahí había ejecutado.

Llama ONG a no normalizar la violencia


La Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, en un comunicado denuncia que el gobierno estatal no ha detenido a los responsables del atroz asesinato del dirigente de ese organismo, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su chofer, al contrario, señala que en La Montaña baja y en otras partes de la entidad persisten los asesinatos a la vista de las fuerzas de seguridad; las condiciones de inseguridad que mantienen a las escuelas cerradas ante las amenazas a los profesores; el transporte es irregular e incluso hay comunidades que ya no cuentan con este servicio. 

Afirma la organización que esta situación ya no puede seguir, ya no quieren más familias que sufran el dolor de perder un ser querido, por lo que hace un llamado a los tres niveles de gobierno para, primero, que paren toda la violencia que vive la población en La Montaña baja y en todo el estado de Guerrero. 

Segundo, exige una investigación imparcial, científica y exhaustiva conforme a los protocolos internacionales, la cual lleve a la detención de los autores materiales e intelectuales del asesinato de sus cuatro compañeros. 

“El Estado mexicano tiene responsabilidad legal; debe garantizar nuestra seguridad”

 “Es una venganza política por el parentesco conmigo, por mi activismo”, reprocha Efrén Cortés


Chilpancingo, 8 de noviembre. La tarde del martes, cerca de la comunidad de San Nicolás, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, apareció el cuerpo del joven Jorge Cortés Carmona, en descomposición.

Jorge desapareció 10 días atrás. Jorge era estudiante de la escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Jorge era sobrino de Efrén Cortés Chávez, uno de los sobrevivientes de la masacre de El Charco.

El 28 de octubre, a las 2 o 3 de la madrugada, cerca de un Oxxo en el centro de Cuajinicuilapa, hombres armados con aspecto militar se lo llevaron en una camioneta negra. Fue la última vez que lo vieron. Esta es la información que la familia pudo recopilar en los días siguientes, según cuenta Efrén Cortés.

Jorge estaba en Cuajinicuilapa cursando un seminario para titularse como médico veterinario, cuatro meses atrás se había graduado. Esa noche del 28 de octubre Jorge no se regresó a su casa, en el municipio de Cruz Grande, ahí mismo en la Costa Chica, porque se quedó a la fiesta de bienvenida a los estudiantes de primer grado.

Al día siguiente los padres de Jorge comenzaron a recibir llamadas telefónicas de desconocidos: “Nosotros sabemos dónde lo tienen”, les decían. Nunca dieron información suficiente para ubicar a Jorge. Tampoco pidieron el pago de algún rescate.

Chilpancingo, 5 de noviembre. En Guerrero, el crimen organizado superó al gobierno del estado, consideró el senador independiente Alejandro Encinas Rodríguez. 

Además dijo que el gobernador está llevando al estado a su peor crisis de inseguridad por su inacción. 

Este domingo, el senador estuvo en esta ciudad para participar en un foro, donde junto con perredistas y ex perredistas llamó a apoyar el siguiente año a Andrés Manuel López Obrador en su tercera candidatura a la Presidencia de la República. 

En entrevista, Encinas Rodríguez criticó el desempeño de Astudillo Flores en sus dos primeros años de gobierno. “Astudillo es un gobernador ausente que ha llevado a la peor crisis de violencia e inseguridad al estado y donde no ha hecho obra pública.

Las pocas obras que se ven son estrictamente de inversión federal, no hay recursos del estado en las medidas de desarrollo para Guerrero”, dijo el ex perredista. 

A Encinas se le preguntó por el escenario que esperan en Guerrero para Morena en la elección de 2018.

El legislador dijo que el partido de López Obrador tiene un “altísimo nivel de competitividad”. –¿En Guerrero en las últimas elecciones ha sido difícil hacer campaña? –se le preguntó. –Acá es difícil hasta realizar los operativos del gobierno, de la Mariana, del Ejército.

En las regiones donde se estableció el operativo especial para Guerrero, en Acapulco, por ejemplo: está patrullado por la Marina, el Ejército, la Policía Federal, y Acapulco es el municipio más violento del país, y Guerrero es el estado donde más homicidios se comete en todo México: esa es la prueba más nítida del fracaso. 

–Pero en ese escenario se van a realizar las elecciones. –En la elección en Guerrero se va tener que enfrentar a los poderes fácticos, entre estos a los grupos delictivos.

Acá es una lucha política y social. No es solamente enfrentar al Estado, sino a todos esos grupos facticos que el Estado ha engendrado o de los cuales es cómplice.

La responsabilidad única es del presidente de la República, es el que debe dar las garantías de una elección limpia y que haya un mínimo de normalidad para que esos grupos sean contenidos. 

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