Lo atienden médicos del penal de Tecpan; su mal es sicológico, no físico, dice coordinador

Rechaza que la atención se diera por presiones de organizaciones sociales que denunciaron el caso


Tecpan, 18 de diciembre. El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado (Coddehum), Oscar Cuevas Ramírez, informó que el profesor Máximo Mojica Delgado, recluido en el penal de Tecpan desde 2008, sufre de ataques de ansiedad y no de embolia, como se dijo inicialmente, de acuerdo a las revisiones médicas que los doctores de la cárcel efectuaron.

Indicó que el mal que aqueja al recluso es más bien sicológico, por ataques de ansiedad, que físico, refiriéndose al ataque de embolia que supuestamente sufrió Mojica Delgado dentro de la cárcel; y asentó que él mismo fue el que declaró tener ese malestar y no embolia como se dijo en un principio.

Aseguró que el miembro de la organización Tierra y Libertad ha sido atendido médicamente desde que reportó su primer molestia, por el personal que trabaja dentro del penal, y rechazó que dicha atención se deba a las presiones que ejercieron las organizaciones sociales que denunciaron el estado físico de Mojica Delgado.

Asimismo, abundó que como coordinador regional, personalmente ha supervisado y constatado la atención médica que los reclusos reciben en los penales de Tecpan, La Unión y Zihuatanejo, y también negó que haya sido la presión de la Coddehum la que orientó la atención médica a Máximo Mojica.

Critica Víctor Manuel López las comisiones que no trabajan


Ometepec, 30 de noviembre. Luego de la versión que se conociera en los medios de comunicación de que los regidores del municipio de Ometepec exigen alcalde, Omar Estrada Bustos, la cantidad de 3 millones de pesos como bono de fin de año, el colaborador de varias organizaciones en la región de Costa Chica, Víctor Manuel López Hernández, arremetió contra estos, pues dijo, no han cumplido cabalmente como representantes y que crean comisiones que no son visibles en el municipio. 

Oriundo de la comunidad amuzga de Cochoapa, quien ha colaborado en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del río Santa Catarina y en el Movimiento Indígena por la Autonomía que dirigía el extinto Lauro García, dijo que, en caso de ser verdad lo publicado en medios estatales y regionales, de que los regidores están exigiendo 3 millones de pesos como bono de fin de año, “sería una medida irresponsable, nos gustaría saber si dentro de sus facultades y responsabilidades se establecen sus atribuciones para asignarse, aumentarse sueldos y aguinaldos”, que, en todo caso de ser así, deberían de priorizar las necesidades de las comunidades y no enriquecerse del erario, dijo. 

Militante expresa su respaldo a la activista Yndira Sandoval


Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) demandaron un alto a la violencia en el estado, tanto la que se ejerce contra mujeres, como el caso de Yndira Sandoval, o una muchacha que fue golpeada y exhibida en un video supuestamente por una infidelidad, o los asesinatos a luchadores sociales como Ranferi Hernández Acevedo, a jóvenes como José Francisco Nava Martínez, hijo de un ex acalde de Zumpango, a miembros de la diversidad sexual.

En conferencia de prensa, los militantes Anel Citlali Larrea Arenas, Yaír Seraser García Delgado, José Inocente Ariza Tapia, Moisés Reyes Sandoval, entre otros, señalaron que en México han desaparecidos durante el presente sexenio 1,037 personas, de los cuales 273 son indígenas y 422 pertenecen a colectivos de defensores de derechos humanos.

García Delegado expresó su respaldo a la defensora de derechos de la mujer, Yndira Sandoval, y denunció la violación del debido proceso en su caso, ya que para minimizar la denuncia que ella hizo respecto a la agresión que sufrió en Tlapa, se filtraron videos que forman parte de un expediente que no debieron divulgarse, por la cadena de custodia que existe en torno a ellos.

Larrea Arenas señaló que en ese caso, “no se trata de volver víctimas a las dos (a la activista, ni a la mujer policía acusada), se trata de hacer justicia, no es una pelea de dos mujeres, como el Estado lo está queriendo hacer ver, aquí se trata de hacer justicia, porque podría ser hombre o ser mujer, eso no importa”, expresó la activista Citlali Larrea Arenas, integrante de la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México, en entrevista por separado.

El caso de la activista Yndira Sandoval Sánchez no debe quedar impune, por lo que tiene que aclararse a la brevedad, y, además, haber castigo. El problema no es el hecho de que si estaba o no estaba pasada de copas, lo cual se ha convertido en el punto central de las redes sociales –particularmente en Guerrero– y, en mucho, en los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, como si se tratara de un linchamiento.

El delito de violación puede cometerse contra una persona que se halle o no se halle en estado etílico.

Aunque el Estado mexicano, concretamente el gobierno en sus tres niveles, tenga su prestigio por los suelos o carezca de credibilidad casi por completo entre la sociedad civil, al igual que los partidos y los políticos, el Ministerio Público debe investigar hasta en el último rincón de la escena en que se suscitaron los hechos.

Los cuerpos policiacos de los tres tipos de gobierno, en todo México, tienen entre la población en general una confianza casi nula, por el hecho de pensar en que hay nexos, de alguna manera, con el crimen organizado, y que por eso mismo pudieran actuar a su antojo, con absoluta impunidad ante cualquier persona, trátese de quien se trate.

Inclusive ha habido casos en el país de que miembros de la delincuencia andan vestidos con uniforme de policía para hacer de las suyas. No estamos señalando de esto a ningún municipio en específico, ni siquiera a los de Tlapa, donde ocurrieron los hechos.

Ambas se dicen víctimas y piden que se les haga justicia


Chilpancingo, 24 de octubre. Las dos se dicen víctimas, las dos piden justicia. Yndira Sandoval Sánchez es activista y defensora de los derechos humanos; Claudia Juárez Gómez es policía en Tlapa, Guerrero. La activista dice que la policía la violó, que le tocó sus partes íntimas en una celda de la comandancia; la agente lo niega, incluso dice que ni siquiera entró al cuarto.

Este caso explotó el domingo con la publicación de la denuncia de la activista.

Dos días después han pasado muchas cosas: se difundieron videos donde se ve a Yndira discutiendo con los agentes en la calle y en otro en la comandancia; las autoridades se han pronunciado y Claudia se defendió.

De la difusión de los videos, dice Yndira, son parte de la criminalización, de la violencia del Estado para subestimar el caso. Claudia también piensa que este caso la está violentando.

“Yo sigo trabajando, asisto a cuidar la entrada y la salida de la comandancia, pero ahora me siendo avergonzada: la gente que pasa por ahí me señala y dice: “ahí está la violadora”, cuenta Claudia en entrevista.

Esa noche, recuerda la policía, llegó a la clínica San Antonio porque sus compañeros solicitaron el apoyo: ellos no podían detener a la activista, por ser hombres.

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