La información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y redes sociales durante las campañas y veda electoral


La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental, ni se haga referencia a alguna candidatura o partido político.

En la Tesis XIII/2017, con el rubro “Información pública de carácter institucional. La contenida en portales de Internet y redes sociales puede ser difundida durante campañas y veda electoral”, el TEPJF indicó que la información pública tampoco debe promocionar a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contener propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral.

En atención al principio constitucional de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios.

La tesis tiene fundamento en los artículos 41, base III, apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con este criterio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación salvaguarda la información pública de carácter institucional.

Se trata de  fortalecer la democracia, la promoción y defensa de los Derechos Humanos

La justicia electoral es la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, dice el magistrado José Luis Vargas Valdez

Necesario mantener la colaboración vigente, frente a los desafíos democráticos en la región, destaca el secretario general de la OEA, Luis Almagro


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las relaciones institucionales y llevar a cabo programas y actividades de interés recíproco en materia de justicia y derecho electoral, y con ello, profundizar su conocimiento y difusión de la justicia y fortalecer la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Con la representación del TEPJF, el magistrado de la Sala Superior José Luis Vargas Valdez suscribió el Convenio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo continental en Washington.

El magistrado José Luis Vargas Valdez subrayó la responsabilidad que tiene el TEPJF en la impartición de justicia electoral, “al ser la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, la coordinación y la colaboración nos permitirá atender esa alta responsabilidad y enfrentar los retos de un mundo cambiante, de una manera más eficaz”.

Vargas Valdez destacó la importancia de la colaboración interamericana en un contexto globalizado por la tecnología y la interdependencia política y económica. Por ello, “el intercambio de buenas prácticas y la identificación de soluciones a dilemas compartidos, son necesarias para el desarrollo democrático”.

Por su parte, el Secretario General de la OEA reconoció la colaboración entre ambas instituciones, y como un ejemplo de ello, señaló el apoyo del TEPJF en el Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana, en las misiones de observación electoral en las que participaron especialistas en la materia, así como su decidido respaldo para en la organización de la XI Reunión de Autoridades Electorales en 2016.

Almagro aludió al convenio específico de colaboración firmado con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), y aplaudió que la paridad de género esté garantizada por la Constitución de México. “Ello demuestra el compromiso del TEPJF con la democracia, en un tiempo donde las autoridades electorales desempeñan un papel crucial para la consolidación y estabilidad de los sistemas democráticos en la región”.

El magistrado Vargas Valdez y Luis Almagro coincidieron en destacar la importancia de la colaboración de la OEA y el TEPJF en foros e iniciativas internacionales, como la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

La RMJE, constituida en México durante noviembre pasado, busca el intercambio de mejores prácticas, desde la perspectiva de la justicia electoral, para hacer frente a los desafíos de las democracias contemporáneas, como lo son el uso de nuevas tecnologías, el financiamiento de la política, la participación política igualitaria y hacer frente a la desafección democrática.

Validó que el principio de uniformidad en materia de coaliciones implica que los partidos que deciden asociarse por esa vía deben respaldar, como unidad, la totalidad de candidaturas que sean objeto del acuerdo

Consideró que el INE precisó adecuadamente que cuando se alude al concepto “tipo de elección”, se refiere al proceso electoral federal o local que se celebre y no al cargo por elegir


La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el Acuerdo INE/CG504/2017 mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el proceso electoral federal 2017-2018.

Al resolver el SUP-RAP-718-2017, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el TEPJF estimó, siguiendo diversos precedentes, que la autoridad administrativa definió adecuadamente que cuando la ley alude al concepto “tipo de elección”, debe entender que se refiere al proceso electoral federal o local que se celebre y no al cargo por elegir.

La Sala Superior estableció que como “Frente”, el mismo no tiene fines electorales


La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) INE/CG435/2017, por el que aprobó el 29 de septiembre del año en curso, la solicitud de registro del convenio presentado por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para constituir el denominado “Frente Ciudadano por México”.

Al resolver el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-682/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Sala Superior consideró infundados los agravios relativos a la invalidez del convenio de constitución del “Frente Ciudadano por México”, por la realización de una supuesta modificación sustancial, sin la autorización de los órganos competentes partidistas. El PRI partió del supuesto inexacto de que la modificación a dicho convenio fue de carácter sustancial, cuando en realidad sólo consistió en reforzar la motivación relativa a las fuentes de financiamiento que podrá tener dicho Frente, en concordancia con lo dispuesto por el Reglamento de Fiscalización.

El Pleno del TEPJF determinó infundados los agravios relativos a la supuesta invalidez de la constitución del frente político en un proceso electoral.  El partido recurrente sostenía que, con la aprobación, el INE incumplió con las normas que regulan las distintas formas de asociación de los partidos políticos, lo que, en su concepto, representaba un fraude a la ley, toda vez que la figura de frente electoral se posicionaría ante los ciudadanos de forma anticipada, incurriendo en posibles actos anticipados de precampaña y campaña.

La Sala Superior, indicó que, ni la Constitución Federal ni la Ley General de Partidos Políticos, establecen prohibición alguna en cuanto a la temporalidad para la conformación de frentes, como es durante el desarrollo de un proceso electoral. Lo único que no está permitido, enfatizó, es que el frente tenga fines electorales. 

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