Considera el Centro Morelos que hay retroceso en el respeto de los derechos humanos

No se incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, manifiesta


Chilpancingo, 22 de diciembre. El Centro de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la promulgación de la Ley de Seguridad Interna ante los oídos sordos de los legisladores y de Enrique Peña Nieto “ante las múltiples peticiones de rechazo”, pues consideró que se trata de un retroceso en el respeto de los derechos humanos. 

El Centro Morelos indicó que en la nueva ley los legisladores no incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”. 

Agrega: “En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”. 

El Centro Morelos expresó: “nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Se vive un ambiente de violencia que va empeorando, manifiesta el Centro Morelos

La militarización no garantiza la reducción de violencia y habrá más violaciones a derechos humanos


Chilpancingo, 30 de noviembre. El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), lamentó que la Cámara de diputados haya aprobado la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual le da más facultades al Ejército, cuando se vive un contexto de violencia que cada vez se va empeorando. 

Además, advirtió que la militarización no garantiza la reducción de la violencia, como ejemplo puso Chilapa, donde se ha realizado cinco operativos policiaco-militares y este año las muertes se volcaron y adelantó que habrá más violaciones a los derechos humanos. 

En un comunicado, el Centro Morelos dijo que es preocupante que los diputados hayan aprobado la LSI sin consultar a organizaciones nacionales e internacionales que se habían manifestado en contra. 

“Lo que la sociedad mexicana necesita no es la militarización de esta, sino todo lo contrario, los militares tienen que dejar las calles de manera paulatina, devolviendo a las instituciones civiles el mando y conducción de la Seguridad Publica”, dijo el Centro Morelos. 

Ciudad de México. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y 13 en contra el dictamen por el cual se crea la “Ley de Seguridad Interior”. El ordenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas Federales (Ejercito y Marina) actuar contra la delincuencia de manera permanente, y al Ejecutivo federal emitir la declaratoria de Seguridad Interior en determinadas zonas geográficas.

A la par, la Junta de Coordinación Política en San lázaro envió a la presidencia cameral una solicitud para que incluya en el orden del día de la sesión de este jueves el dictamen de Seguridad Interior. Con esto los diputados aprobarán hoy la nueva ley.

A pesar de los argumentos en contra del ordenamiento, esgrimidos esta mañana en la sesión de la Comisión de Gobernación, por parte de diputados del PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, se impuso, a la hora de la votación del documento, la mayoría que integró el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. A ellos se les sumó la panista Claudia Sánchez, quien avaló el documento.

Los argumentos de la oposición, para controvertir el dictamen de ley fueron insuficientes, no les alcanzó. Tampoco les alcanzó en número para echar abajo el texto. Panistas, morenistas, perredistas y Movimiento Ciudadano expusieron que se podía estar cometiendo “una de las irresponsabilidades históricas en el proceso de construir instituciones sólidas; no se regula la Seguridad Interior, está hecha a la medida en términos de la intervención, en Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas; mejor reconozcamos que estamos en guerra ¿Vivimos en paz?, o reconozcamos que estamos en guerra”, argumentaron.

Aún así, el procedimiento mantuvo la tendencia aprobatoria. Pragmáticos los priistas, y sus aliados, los verdes, Nueva Alianza y Encuentro Social – más la panista Claudia Sánchez-, aprobaron el dictamen que será enviado en el transcurso de las próximas horas a la mesa directiva, para que hoy mismo se apruebe en el pleno. La tendencia aprobatoria es inminente, porque en el salón de sesiones el PRI logrará conjuntar el 50 más uno por ciento de los votos totales, que se requieren para aprobar la reforma, pues al no ser constitucional, se requiere de mayoría simple.

La aprobación se contrapone a las demandas de las Organizaciones No Gubernamentales, que han reclamado que la ley en cuestión atentaría contra la Constitución, contraviniendo tratados internacionales. También reclaman un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, y el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno.

En este escenario de reclamos y criticas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la tamaulipeca Paloma Guillén (PRI), consiguió que su dictamen fuese aprobado, con el respaldo de las fuerzas políticas con las que opera el PRI en la Cámara de Diputados.

Fuente: La Jornada

 

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