Por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, el Instituto analiza indicios y elementos técnicos para comprobar si hay incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio con el propósito de corroborar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por parte de las empresas que pudieran estar involucradas en los hechos relacionados con el caso “Cambridge Analytica”, señalada de haber obtenido información de 87 millones de usuarios de Facebook, para fines electorales, la inmensa mayoría en los Estados Unidos de América.

Por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, el Instituto analiza indicios y elementos técnicos para comprobar si empresas mexicanas que guardan relación con la aplicación Pig.gi – mediante la cual presuntamente la firma británica intentó obtener datos de usuarios de México y Colombia – pudieron haber vulnerado las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de comprobarse, el órgano garante del derecho a la protección de datos personales ejercerá sus facultades en la materia y, de ser el caso, impondrá las sanciones correspondientes.

En este contexto, el Instituto considera necesario proponer al Congreso de la Unión reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares a fin de ampliar las facultades y los supuestos de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, incluyendo la posibilidad de implementar medidas cautelares cuando se presuman riesgos para los titulares de los datos personales sometidos a tratamiento.

Es importante recordar que hace unas semanas México recibió la invitación formal del Comité de Ministros para adherirse al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108) y a su Protocolo Adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos personales (Convenio 181), lo que fortalecerá la confiabilidad del país en el ejercicio de sus relaciones comerciales, educativas, científicas y humanitarias, tanto en el sector público como en el privado.

Asimismo, de acuerdo con el BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018, estudio elaborado por The Business Software Alliance (BSA), México avanzó hacia el puesto número 13 de entre las 24 principales economías de Tecnologías de la Información (TI), en comparación con el lugar número15 que ocupaba en 2016, señal de que el entorno legal y regulatorio garantiza la protección de datos personales.

Ciudad de México, a 17 de enero. Por unanimidad, el Pleno aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos 9 , 31 por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI advierte lo siguiente:  

El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

Todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, llevan a cabo el tratamiento de datos personales en México

En muchas ocasiones los datos personales son utilizados sin evaluar el impacto que puede ocasionar el uso indebido de los mismos a las vidas de sus titulares


Ciudad de México, a 13 de enero. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que gran parte de la población en edad escolar y sus tutores no se encuentran al tanto de los posibles riesgos que existen al proporcionar sus datos personales a las instituciones educativas.

Todas las instituciones educativas en México, tanto públicas como privadas, llevan a cabo el tratamiento de datos personales de sus estudiantes, dichas instituciones son responsables de llevar a cabo el resguardo adecuado de la información personal de los alumnos y de sus padres o tutores.

Sin embargo, en muchas ocasiones los datos personales son utilizados por las instituciones educativas sin evaluar el impacto que puede ocasionar el uso indebido de los mismos a las vidas de sus titulares, por ello es importe que dicho tema sea incorporado en la enseñanza cotidiana.

En este contexto, el INAI recomienda:

  • Contar con Aviso de Privacidad y ponerlo a disposición de los titulares a través de los medios requeridos.
  • Implementar un programa de protección de datos personales que sea de fácil acceso y entendimiento para estudiantes, padres de familia y personal académico y administrativo.
  • Tomar precauciones para que, al divulgar calificaciones de los estudiantes éstas no puedan ser relacionarlas con el alumno en particular.
  • Implementar las medidas legales pertinentes al momento de publicar las fotografías, imágenes, nombres o cualquier otro dato personal de los alumnos en redes sociales o páginas de internet.
  • Considerar si el estudiante es menor o mayor de edad para evaluar si la autorización del tratamiento de los datos personales corresponde al titular o a sus tutores.
  • Promover los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) entre los estudiantes y sus tutores.
  • Tomar precauciones adicionales respecto del tratamiento de datos personales sensibles y la obtención del consentimiento para las finalidades requeridas.
  • Los Responsables deben tener la previsión de recabar sólo los datos estrictamente necesarios para la finalidad indicada, evitando resguardar más datos de los necesarios.

Para mayor información pueden consultar la Guía para Titulares de Datos Personales en www.inai.org.mx

Este órgano garante considera que el texto final del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por el Congreso de la Unión, no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad


El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicita respetuosamente al Presidente de la República, para que, en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que se privilegie el principio de máxima publicidad.

Reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio, ya que, por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

A la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Con tal redacción, el Instituto advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior.

Consistente con las observaciones hechas al Senado de la República, el Pleno de este órgano garante reitera su preocupación ahora al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, conforme a sus competencias, observe la nueva ley, de manera concreta, el artículo 9, en favor de la prevalencia del principio constitucional de máxima publicidad.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dar conocer todos los documentos relacionados con el oficio SIIO 10582 que ordena a las tropas operar en la noche en forma masiva, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario.

El comisionado Oscar Guerra Ford afirmó que es oportuno analizar esta solicitud, con el fin de destacar la importancia que tiene la información generada por la SEDENA con relación a las funciones de seguridad que se encuentra realizando en diferentes entidades federativas del país.

“Dado el contexto actual de cosas, donde hemos obligado al Ejército a desarrollar funciones de seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas se instituyen como herramientas fundamentales, que deberían ser apreciadas por la misma institución armada. Ya que de cumplirse a cabalidad le permitiría legitimarse ante los ciudadanos”, sostuvo Guerra Ford.

El comisionado destacó que el análisis oportuno de la información generada por el sujeto obligado, haría posible la evaluación adecuada del desempeño de la SEDENA en las tareas de seguridad interior. “Sobre todo en el contexto legislativo que se desarrolla en estos días en torno a las regulaciones de dichas funciones en el Congreso de la Unión”.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Guerra Ford informó que el INAI localizó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en donde obra el oficio número SIIO 10582, del 11 de junio de 2014.

El comisionado también citó el exhorto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores al titular de SEDENA, para que en el ámbito de sus atribuciones revisara y propusiera los cambios correspondientes a la normatividad militar, pues las órdenes contenidas en los documentos solicitados resultan instrucciones controvertidas que pueden incentivar la violación de derechos humanos.

“El uso de este lenguaje resulta sumamente grave, pues el instruir abatir delincuentes se incentiva privar arbitrariamente de la vida a civiles, en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”, apuntó Guerra Ford.

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