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En caso de hallar irregularidades, no se cubrirá a los responsables, indica el funcionario

Es un tema que no debe tomarse a la ligera ni de manera irresponsable para atraer reflectores, señala


El secretario general del ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, consideró que ante la cercanía del proceso electoral, el tema de la auditoría de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) se está politizando. 

Aseguró que en caso de irregularidades, no se cubrirá a ningún funcionario de la paramunicipal y dijo que el director, Javier Chona Gutiérrez, permanecerá en el cargo mientras esté el proceso de auditoría. 

Condenó la declaración del diputado priísta y presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso de la Auditoría General del Estado, Samuel Reséndiz Peñaloza, de que desde la semana pasada se entregó a funcionarios de la Capama la notificación para que devuelvan los más de 194 millones de pesos que arrojaron las observaciones. 

Dijo que es un tema muy serio que no se de debe tomar a la ligera ni de manera irresponsable “únicamente por generar reflectores, por generar una noticia que atraiga” y pidió al diputado “que nos diga con quién hay que entregar (los 194 millones), en calidad de qué solicita él que se le regrese el recurso, no sé si a él de manera personal, porque no precisa tampoco, lo cual se me hace poco serio, poco responsable”. 

Al preguntarle si entonces la Capama no ha sido notificada sobre las observaciones, dijo que eso se está revisando, “pero ya es normal que salgan a declarar antes de, entonces vamos a esperar que las autoridades de la Capama den su versión y para eso se va hacer un posicionamiento”.

Bien dice el alcalde Evodio Velázquez Aguirre que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) requiere una transformación a fondo.

Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba elección tras elección estaba muy arraigada la creencia aquella de que el gobierno manejaba como caja chica a la paramunicipal, razón por la que siempre estaba en bancarrota; no obstante, ahora que han llegado a la presidencia municipal militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las condiciones financieras de la empresa no han cambiado.

En tanto corren versiones de malos manejos, la mayor parte de la ciudad se encuentra sin agua, a lo que los responsables de la empresa no tienen otra excusa que la falta de recursos económicos.

Por eso mismo, es importante que se aclare públicamente cuanto antes el punto de las 12 irregularidades detectadas por la Auditoría General del Estado (AGE) a la paramunicipal por 194 millones 577 mil 346. 98 pesos correspondientes a 2016.

Tanto el alcalde como funcionarios de la Capama han sostenido que las observaciones hechas por la AGE sobre estas anomalías fueron entregadas a la Auditoría el 25 de agosto, a pesar de lo cual la misma no ha emitido la resolución correspondiente.

El caso, pues, se encuentra en manos de la AGE, que durante el conflicto originado entre diputados del Congreso local y funcionarios de la paramunicipal no ha emitido opinión alguna al respecto, sino ha dejado que corran especulaciones, rumores y suposiciones.

Gloria Sierra López, regidora del PAN integrante del Consejo de Administración de la Capama, señaló que la paramunicipal tiene que transparentar los más de 194 millones de pesos del posible daño patrimonial, pues, acusó, las irregularidades son graves.

Declaró que en la más reciente sesión extraordinaria del Consejo de Administración para tratar el tema de la auditoría se les dijo a los integrantes que se les haría llegar el pliego de observaciones que envió la Auditoría General del Estado (AGE), pero “es la fecha –17 de octubre– que no hemos recibido nada, ningún documento”.

Entretanto, la honorabilidad de los responsables del organismo administrador, lo mismo que del ayuntamiento, continúa en entredicho; por tanto, saludable sería que sin esperar el dictamen de la AGE aclararan públicamente los señalamientos que se hacen. n

Derivado de las críticas arreciadas, de hace poco más de tres meses, los diputados de la fracción priísta, particularmente aquellos identificados como parte del grupo político de un ex presidente municipal, exigieron la realización de una auditoria dirigida a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y directamente al periodo de gobierno del actual alcalde Evodio Velázquez Aguirre.

En aquel entonces, y en el afán de que a la ciudadanía se le brindara una información veraz, justa, honesta y alejada de cualquier tinte de oportunismo, aquí señalamos que la auditoria  abarcara todos los titulares de dicha paramunicipal, pues es bien sabido que a esta noble institución la han saqueado inmisericordemente de tal forma que la tienen al borde de un quebranto financiero lastimoso.

El abuso exagerado, la corrupción terrible y la impunidad complaciente han tenido a Capama trastocada en su operación y hundida en una crisis económica severa.

Sostuvimos entonces, previo al hecho de que el Congreso local aprobara la realización de la citada auditoría, que ésta fuera integral, ya que ello daría oportunidad de juzgar la actuación de cada directivo. Esto significaría un acontecimiento contundente en materia  de transparencia, y así poder conocer los largos periodos de abusos y corruptelas, con nombres y apellidos de todos los responsables.

En vez de irse aclarando el caso de la auditoría efectuada por el Congreso local a la Capama, tiende a confundirse más.

Cuando diputados locales del PRD denunciaron guerra sucia de sus pares del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México, contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, al hacer público el pliego de observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) hizo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado al Municipio de Acapulco, aseguraron que el documento “ni siquiera se ha emitido, y al parecer debe quedar en el mes de octubre para que en un plazo de 45 días la Capama las pueda subsanar”.

El diputado Ernesto González aseguró que “el procedimiento de la auditoría no está concluido; tan es así que aún no han notificado al organismo que es la Capama”.

En respuesta, el director del organismo, Javier Chona Gutiérrez, informó que las observaciones fueron contestadas a la AGE en tiempo y forma.

A todas luces se vislumbra que la difusión de los resultados de la auditoría que la AGE aplicó a la Capama, persiguió objetivos políticos.

Si bien los diputados Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano; Mauricio Legarreta, Partido Verde; y Samuel Reséndiz, PRI, fueron los promoventes de la auditoría, no parecían ser ellos los que necesariamente tuvieran que anunciar los resultados y menos aun cuando el proceso no ha concluido.

El Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), admite haber recibido las observaciones por parte de la Auditoría General del Estado (AGE) órgano correspondiente al Congreso de local, y asegura que, en tiempo y forma, fueron solventadas.

Queda esperar, a este respecto, que la AGE emita los resolutivos sobre las observaciones, lo cual constituye, a decir de los consejeros de Capama, uno de los varios pasos que comprende el proceso de la auditoría, de lo que se deduce que el mismo no está agotado.

Por tanto, lo hecho por los diputados promoventes es equiparable al hecho de que el Ministerio Público hubiera dado a conocer que un acusado de homicidio es un asesino, sin que antes el juez emitiera la sentencia de inocente o culpable.

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