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La gira de dirigente morenista estará del 30 de noviembre al 3 de diciembre


El dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador visitará Guerrero del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximo, y visitará municipios de la Zona Norte y de la Tierra Caliente, informaron en conferencia de prensa el presidente del comité estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo.

En esa misma conferencia, Sandoval dijo que en torno a las coordinaciones de organización, y en particular en el caso de Acapulco, el proceso está exactamente en el mismo estado que guardaba en la última sesión del Consejo Estatal: es decir, no hay encuestas en el puerto que incluyan a varones, no hay más ternas que las ya definidas, pero será la instancia nacional la que determinará quién estará al frente de la coordinación, y aclaró que la dirigencia nacional tiene facultades para hacer todo lo que considere, desde cambiar otra vez el género, o hacer nuevas propuestas, o dejar como están a las que ya se hicieron.

Sandoval Ballesteros dio a conocer que López Obrador recorrerá 12 municipios, y comenzará el jueves 30 con una actividad en San Marcos a las 12 del día; luego estará en Tecpan a las 3:45 y en Coyuca de Benítez a las 6 de la tarde; el viernes 1º de diciembre estará en Xochistlahuaca a las 11 de la mañana, en Ometepec a las 13:15 y en San Luis Acatlán a las 5 de la tarde.

El sábado 2 de diciembre estará en Quechultenango a las 10:30, en Tixtla a la una de la tarde y en Huizuco a las 5. El domingo 3 estará en Coyuca de Catalán a las 10:30, en Teloloapan a la 1:45 y en Taxco a las 6 de la tarde, donde concluirá sus actividades en Guerrero.

Hay intención de generar mayor temor en las fuerzas democráticas: Camilo Valenzuela

Llama el luchador social a la sociedad civil del estado a expresar su repudio a estas acciones


La incursión del Ejército primero, y luego de policías ministeriales en el edificio de La Coprera, donde sesionan las organizaciones del Frente Progresista Guerrerense forman parte de “un plan contrainsurgente de ir acelerando la guerra sucia, y profundizar el componente político en el baño de sangre que vive Guerrero”, afirmó el ex presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrático y líder nacional de la Red de Izquierda Revolucionaria –Movimiento de Liberación Nacional (Redir-MLN), Camilo Valenzuela Fierro. 

El luchador social afirmó que “este proceso de creciente barbarie y el escalamiento de la guerra sucia de asesinar luchadores sociales y usar abiertamente a los cuerpos policiacos federales y estatales, habla de que hay una intención de generar mayor temor, mayor represión hacia las fuerzas democráticas que tratamos de sacar adelante el rumbo del país”, afirmó en entrevista telefónica. 

Camilo Valenzuela estuvo presente en Acapulco el día en que se constituyó el Frente Progresista Guerrerense en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde varias organizaciones sociales definieron dar la lucha por la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 

El gobierno, capaz de todo por retener el poder, aseveran


Atoyac, 10 de noviembre. Miembros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Atoyac aseguraron que los que son parte del sistema que gobierna México impulsan una campaña que busca desacreditar y desestabilizar a ese partido político porque tienen miedo de que Andrés Manuel López Obrador gane la elección del próximo año, por lo que desataron una campaña mediática con rumores y especulaciones.

Se refirieron a los rumores que se difundieron en las redes sociales sobre una posible postulación de los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Zeferino Torreblanca Galindo como candidatos de ese partido en la elección de 2018 y las notas que se publicaron contra el actual coordinador estatal de ese instituto político, Félix Salgado Macedonio, días después de haber ocupado ese cargo.

Consultadas por separado, Idalia Reyes Miguel, consejera estatal y fundadora de Morena, así como la regidora municipal de ese partido Dora Omaira Nava Santos, afirmaron que el gobierno es capaz de todo para retener el poder.

Reyes Miguel asentó que aunque se trate de Aguirre Rivero, quien está ligado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Morena es la base la que decidirá si es candidato o no, porque es la que decide lo que se hará al interior de éste.

Marcial Rodríguez y Juan Carlos Manrique piden garantizar el derecho de reunión


El secretario general y el de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña y Juan Carlos Manrique García, condenaron la irrupción de policías ministeriales en el edificio de la Coprera, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo garantías para el derecho de reunión. 

Manrique García responsabilizó al gobierno del estado y al federal por lo que pudiera sucederle al dirigente del frente creado para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Eloy Cisneros Guillén, pues señaló que hay un ataque sistemático a esta organización que sesiona en el edificio de la Coprera, pues en octubre irrumpieron militares y ahora policías ministeriales. 

Lo curioso, que evidencia la intención de golpear a la organización, dijo, es que la irrupción del martes ocurre apenas después de que en Chilpancingo el Frente organizó un gran acto por Andrés Manuel López Obrador, en el que estuvieron los líderes Alejandro Encinas, Jorge Alcocer y Carlos Sotelo.

Por ello, dijo que debe ofrecerse garantías a Eloy Cisneros, porque es quien está al frente del FPG. El 13 de octubre, militares irrumpieron por primera vez en la sede de la Coprera. Iban acompañando a un hombre que dijo ser hijo del fundador de la organización, Encarnación Ursúa, y se decía dueño del inmueble.

Si bien los dos ataques al edificio de la Coprera, ubicado en Ejido y Calle 6, tienen visos de ilegalidad, la autoridad  se ha mostrado sorda y omisa, y con su indiferencia refuerza las acusaciones de intimidación que han planteado seguidores de Andrés Manuel López Obrador –dirigente nacional de Morena, aspirante a presidente de la República–, que utilizan el inmueble para sesionar.

Primero, el 12 de octubre, el Frente Progresista Guerrerense (FPG), creado para apoyar la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, denunció que unos 60 militares allanaron sus oficinas en el edificio, mismas que dejaron cerradas luego de despojar de las llaves al vigilante; acto seguido, colocaron candados en una bodega de la agrupación.

El argumento de los militares es que iban acompañando a un individuo que no se identificó y que dijo llevar consigo una escritura proveniente de la notaría de la fallecida notaria Bella Hernández que lo avala como propietario de ese inmueble, pero en la acción no hubo ninguna autoridad civil, ni tampoco los militares llevaban ninguna orden judicial para proceder.

Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros, que posee la titularidad del inmueble; Isaías Arellano Maldonado y José Jaimes Requena, comisionado de Gestión Social del Frente, aseguraron que no hay ningún juicio sobre el edificio, mismo que se ha utilizado desde hace años para las sesiones de organizaciones sociales de izquierda y ahora del FPG.

Salas Pérez contó que acudió a la agencia del Ministerio Público, que está a unos pasos del inmueble, pero ahí se negaron a recibir la queja.

Luchadores sociales que integran el Frente señalaron que la Fiscalía General se ha negado a levantar una investigación.

El martes 7 de noviembre se repitió la arbitrariedad: armados, en vehículos oficiales y también en unidades particulares sin placas, una veintena de agentes de la Policía Ministerial arribaron al edificio e intentaron desalojar dos locales que son parte del inmueble y, tras no poder ingresar en él, porque tenía candado, colocaron sellos en la puerta principal y un segundo candado.

Más tarde, hasta el lugar llegó el fiscal regional de Acapulco, Francisco Quevedo de Astudillo, quien dijo a los representantes del Frente que corroboró en la Fiscalía, y no existe ninguna orden judicial para la actuación efectuada ahí, y que los sellos colocados eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos.

Abundan, pues, los indicios de que lo mismo militares que policías ministeriales están haciendo el trabajo sucio a un particular que, sin juicio judicial de por medio, aparentemente pretende apoderarse del inmueble, cuya titularidad fue concedida en sentencia favorable a Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Copreros en 2012 ,mediante el único pleito legal que ha habido en torno al inmueble.

Otra posibilidad es que alguien, desde los sótanos del poder, esté moviendo la mano para intimidar a organizaciones sociales que, como el FPG, sesionan en el lugar, y más concretamente a seguidores de López Obrador, cuya preferencia entre los guerrerenses sigue creciendo de manera incesante, lo cual representa un peligro no para el PAN, el PRD y MC, que forman el Frente Ciudadano por México, sino para el PRI, que gobierna en el estado de Guerrero.

Si hasta ahora ni el alto mando de las fuerzas militares, ni la Fiscalía General del Estado han asumido la responsabilidad por los atropellos perpetrados por sus efectivos, alguien debería dar la cara, antes de que se cometa una tercera ilegalidad y que las arbitrariedades, de repetirse, pudieran provocar consecuencias más indeseables aun. n

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