La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Viernes, 01 Diciembre 2017

La violencia que se vive en Guerrero les incrementó el trabajo y los riesgos, argumentan

Compañeros han muerto en el desempeño de sus funciones, o han quedado incapacitados, señalan


Chilpancingo, 1º de diciembre. Peritos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) demandaron un aumento del 50 por ciento en su salario, así como un bono anual y un seguro de vida. 

Este viernes en conferencia de prensa, los trabajadores de la FGE explicaron como la violencia que se vive día a día en las calles de Guerrero les ha aumento el trabajo pero, sobre todo, los riesgos. Indicaron que varios de los Ministerios Públicos y peritos han sido agredidos por parte de la delincuencia organizada. 

Las agresiones, indicaron, van desde agresiones físicas hasta secuestros. Hay muchos compañeros que han sufrido atentados físicos y psicológicos, han sufrido levantones, compañeros que han muerto en el desempeño de sus funciones, así como compañeros que han quedado incapacitados total y permanentemente, por esa razón creemos que estamos actuando con justicia nuestras prestaciones labores justas”, dijo un trabajador. 

Los trabajadores demandaron además de incremento en sus prestaciones, mayor equipamiento y la compra de material. Otro trabajador dijo que la exigencia principal es que las prestaciones, al igual que el aumento salarial sean incluidas en el presupuesto de la Fiscalía y que el Congreso local habrá de aprobar en los próximos días.

“El dejarnos fuera significaría que no nos toman en cuenta en nuestras peticiones, a pesar de que nosotros, todos los de la Fiscalía, peritos, ministeriales, agentes del ministerio público, somos los que iniciamos una carpeta de investigación, los que recogemos los indicios, los medios de prueba, y al final hasta el desarrollo de las pruebas en el proceso.

Creo es injusto que no se nos resuelve las demandas ni prestaciones económicas”, dijo. Los trabajadores dijeron que trabajan 24 horas sin que les respeten sus horarios laborales y acuden a lugares alejados donde ni si quiera existen accesos. 

Publicado en Sociedad y Justicia

Los participantes se podrán involucrar en carreras de robots, armado de prototipos, manipulación de drones y otras actividades


Acapulco será escenario de la Expo Robot 2017, que se efectuará en el salón Cholula del Centro Internacional Acapulco (CIA) los días 6, 7 y 8 de diciembre. 

En el encuentro, los niños podrán ingresar con un pago de 200 pesos y la compañía de un adulto, mediante los cuales recibirán un modelo de robot para armar en su casa. 

En las actividades, que se desarrollarán de 9 a 19 horas, los participantes se podrán involucrar en carreras de robots, armado de prototipos, entre otras actividades relacionadas con la robótica. 

En conferencia de prensa en la oficina del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, organizadores detallaron que los niños podrán manipular drones de diferentes formas y utilidades, participar en islas interactivas, con la participación de universidades líderes. 

Habrá de presencia de un robot humanoide, que mide unos 40 centímetros de altura, que habla 16 idiomas, también sabe bailar y cuenta con altoparlantes respetables. 

Publicado en Sociedad y Justicia

Exigen al gobierno la entrega de viviendas para 30 familias


Damnificados de los fenómenos Ingrid y Manuel tomaron la caseta de La Venta de la autopista del Sol, para exigir al gobierno del estado la entrega de viviendas para 30 familias damnificadas.

Desde las 10 de la mañana de ayer, unos 50 vecinos de la colonia Casitas del Quemado tomaron la caseta y permitieron el paso libre a los automovilistas por alrededor de media hora.

El vecino Juan Castañeda López, declaró que tras los fenómenos Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013, a los habitantes de Casitas del Quemado se les desalojó y envió a albergues, y se les prometió que serían reubicados.

Sin embargo, dijo que el gobierno no ha concluido las casas para 30 familias que se construían en la sección Casas San Luis de la unidad habitacional San Agustín, con el argumento de que ya no hay recursos para terminarlas.

“El gobierno del estado no nos ha entregado la vivienda que nos prometieron desde hace 4 años. Vino Sedatu, nos censó a todos y nos dio un ticket de vivienda que con ese nos iban a entregar la vivienda, y nos han estado llevando que dentro de seis meses, dentro de un año y así y así, y ya son cuatro años y necesitamos la vivienda, porque no tenemos donde vivir”.

Los manifestantes pidieron un diálogo con algún representante del gobierno del estado, para que les informe el avance de las casas que les prometieron.

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Sábado, 02 Diciembre 2017 00:05

¿En verdad habrá cambios?

De aprobar el Senado la Ley de Seguridad Interior, lo cual es prácticamente un hecho, el gobierno estatal y los presidentes municipales podrían verse sometidos a una presión que los obligue a salir de la somnolencia que los invade, y no sería por gusto o convicción, sino porque, ya legalizada la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, la Presidencia de la República las operaría en otras condiciones.

Aparentemente, el presidente Enrique Peña Nieto no ha ido más allá de llamar públicamente a los gobiernos estatales y a los municipios a asumir su responsabilidad en el combate a la violencia, pero hasta ahora, en el caso específico de Guerrero, ni la administración estatal ni los alcaldes se han esforzado en el cumplimiento de esta tarea.

Tal vez por eso ha sido evidente la disminución de la presencia de efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal; si antes se veían uniformados por todos lados, ahora no resulta tan notable.

La Ley de Seguridad Interior vendría a ser el instrumento para que el presidente Enrique Peña Nieto presione a los gobiernos estatales y municipales a hacer su trabajo.

La ley establece que “toda intervención de fuerzas federales y de fuerzas armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”.

Podría suceder que, para prorrogar la presencia de las fuerzas federales más de un año, el Presidente fije determinadas condiciones a los gobiernos locales, como certificar, ahora así y en serio, sus corporaciones policiacas, procedimiento al que han ofrecido sistemática resistencia con diversos argumentos, y en cuya solución no se pone empeño.

Habrá que recordar que ya ocurrió que el gobierno federal amenazó con llevarse a sus militares y policías, pero ante la reacción del gobierno estatal, los municipales y algunos sectores de la sociedad, decidió que permanecerían en territorio guerrerense “mientras fuera necesario”.

Ocurre que no había ley que normara su presencia o su retiro, según el caso, pero en adelante las condiciones cambiarán, con lo que estado y ayuntamientos tendrán que participar en una labor que han dejado prácticamente a la Federación, pero ésta contará con un mecanismo legal para torcerles la mano para obligarlos a dejar la hamaca, donde permanecen cómodamente echados, fingiendo que hacen lo que en los hechos deberían hacer. n

Publicado en Editorial

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