Voces en el desierto

Escrito por  Dic 04, 2017

Aunque por demás inútil, fue conveniente y oportuno que periodistas guerrerenses plantearan al relator sobre la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), David Kaye, las condiciones en que se ejerce el periodismo en un contexto de violencia generada por los grupos delictivos e inclusive, en no pocas ocasiones, por los mismos que ejercen el poder gubernamental.

Si bien es sabido que el gobierno nada hace con efectividad para prevenir las vejaciones y hasta muertes de periodistas, y menos aun para castigar a los responsables de los ilícitos, mal harían los comunicadores en replegarse y guardar silencio.

Así, cuando menos, aunque ningún efecto positivo acarree, los peligros y atropellos que enfrenta y sufre el gremio trascienden la frontera mediante un organismo internacional, cuya preocupación y emisión de recomendaciones no frenan la barbarie.

El relator de la ONU escuchó un informe en el sentido de que “tan sólo en este año, aquí en Guerrero se han perpetrado 34 agresiones en contra de 43 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”.

En este caso específico, el gobierno estatal alardea ante representantes de organizaciones de derechos humanos de haber creado, “como muestra de su gran preocupación”, la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que, cuestionada constantemente, ni atiende ni resuelve los casos de reporteros que han sido víctimas de la violencia, y como si con el solo hecho de haberla creado ya haya resuelto el problema.

En medio del caos y la estridencia producto de la anarquía, en el que por ningún lado asoman el rostro ni el orden ni la paz, surge una voz gubernamental intentando convencer de que la autoridad es la más interesada en disminuir la inseguridad, como tratando de restar efecto al señalamiento de un diario nacional en el sentido de que Guerrero ha sido durante cinco años campeón de la violencia.

Si la autoridad, como asegura ella misma, está dedicando todo su esfuerzo a someter a los delincuentes y enfoca sus recursos a crear organismos que protejan a los gobernados, sin lograr resultados tranquilizadores, el mensaje que se lee entre líneas consiste en que, de plano, la autoridad no puede con la violencia.

Porque, además, por un lado invoca el apoyo de la Federación, y el gobierno de la República ha sostenido hasta la saciedad que está apoyando con todo, no obstante lo cual la violencia no para. n