Tipos penales de desaparición forzada

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 02, 2017

Comentábamos en anterior ocasión sobre la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 2018. Como es natural, lo relevante en esta ley son los tipos penales que se establecen.

El tipo básico se establece en el artículo 27 de la ley, el cual define que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que prive de la libertad en cualquier modo a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Igualmente, la conducta puede ser cometida por un particular, cuando priva de la libertad con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público.

La pena para este delito está prevista en el artículo 30, y es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. Adicionalmente, precisa que cuando el responsable tenga el carácter de servidor público se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, durante hasta dos veces el lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla la pena de prisión.

Otra hipótesis de desaparición es aquella en la que no se priva de la libertad directamente, pero se contribuye a ocultar el hecho. Al respecto, señala el artículo 28 de la ley que comete el delito el servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier modalidad. Igualmente, de esta conducta puede ser responsable un particular, cuando actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público. La pena será la misma prevista en el artículo 30 ya mencionado.

Sobre los problemas de autoría, la ley propone seguir un modelo de autoría indiferenciada, que incluye a los autores mediatos y a los directos. Así, asienta en el artículo 29 que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

El artículo 31 prevé otro delito, relacionado con la desaparición de hijos. Indica el tipo penal que se impondrá pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Asimismo, se impondrá pena de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o al niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

La pena puede aumentarse hasta en una mitad cuando ocurran las siguientes agravantes, entre otras: cuando, durante o después de la desaparición, la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida de manera adecuada por los autores o partícipes del delito; cuando la persona desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, entre otras. n