¿En verdad habrá cambios?

Escrito por  Dic 02, 2017

De aprobar el Senado la Ley de Seguridad Interior, lo cual es prácticamente un hecho, el gobierno estatal y los presidentes municipales podrían verse sometidos a una presión que los obligue a salir de la somnolencia que los invade, y no sería por gusto o convicción, sino porque, ya legalizada la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, la Presidencia de la República las operaría en otras condiciones.

Aparentemente, el presidente Enrique Peña Nieto no ha ido más allá de llamar públicamente a los gobiernos estatales y a los municipios a asumir su responsabilidad en el combate a la violencia, pero hasta ahora, en el caso específico de Guerrero, ni la administración estatal ni los alcaldes se han esforzado en el cumplimiento de esta tarea.

Tal vez por eso ha sido evidente la disminución de la presencia de efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal; si antes se veían uniformados por todos lados, ahora no resulta tan notable.

La Ley de Seguridad Interior vendría a ser el instrumento para que el presidente Enrique Peña Nieto presione a los gobiernos estatales y municipales a hacer su trabajo.

La ley establece que “toda intervención de fuerzas federales y de fuerzas armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”.

Podría suceder que, para prorrogar la presencia de las fuerzas federales más de un año, el Presidente fije determinadas condiciones a los gobiernos locales, como certificar, ahora así y en serio, sus corporaciones policiacas, procedimiento al que han ofrecido sistemática resistencia con diversos argumentos, y en cuya solución no se pone empeño.

Habrá que recordar que ya ocurrió que el gobierno federal amenazó con llevarse a sus militares y policías, pero ante la reacción del gobierno estatal, los municipales y algunos sectores de la sociedad, decidió que permanecerían en territorio guerrerense “mientras fuera necesario”.

Ocurre que no había ley que normara su presencia o su retiro, según el caso, pero en adelante las condiciones cambiarán, con lo que estado y ayuntamientos tendrán que participar en una labor que han dejado prácticamente a la Federación, pero ésta contará con un mecanismo legal para torcerles la mano para obligarlos a dejar la hamaca, donde permanecen cómodamente echados, fingiendo que hacen lo que en los hechos deberían hacer. n