Arturo Campos, justicia en entredicho

Escrito por  Dic 01, 2017

El caso de Arturo Campos Herrera, coordinador regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac-PC) detenido en 2013 acusado de robo, delincuencia organizada y secuestro, es un monumento a la injusticia en Guerrero.

Mediante dos amparos, tribunales federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Actualmente está pendiente sólo el proceso por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, que se ventila ante el juez de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort bajo la Causa Penal 196/2013-I-A.

En este proceso Arturo Campos se ha careado con los 43 supuestos agraviados, y ninguno ha sostenido su dicho frente al defensor comunitario, reconociendo que era la primera vez que lo veían, que no les pidió dinero y mucho menos los privó de la libertad; reconocieron que el tiempo en que estuvieron en reducación, nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor na savi y que en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado.

Del mismo modo,  se ha probado la calidad de Arturo Campos Herrera como consejero de la Crac-PC, por lo que en todo caso, las retenciones realizadas las realizó en su calidad de autoridad bajo el sistema comunitario que tiene un marco normativo que lo reconoce y le da legalidad y legitimidad, a través de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Al cumplir hoy viernes, 1º de diciembre, cuatro años de encarcelamiento, organizaciones civiles y sociales exigieron su libertad y, con el mismo propósito, lanzaron una campaña nacional e internacional.

Fue el gobierno de Ángel Aguirre Rivero el que lo llevó a prisión el mismo año en que 13 dirigentes sociales fueron asesinados; en la misma administración estatal fue encarcelada la comandante, también de la Crac, Nestora Salgado, puesta en libertad luego de la férrea presión social llevada a cabo en la que, incluso, participó el gobierno de Estados Unidos puesto que mantiene la nacionalidad méxico-americana.

Ahora que, si quien encerró a Campos Herrera fue el gobierno de Aguirre Rivero, afamado como represor de los movimientos sociales, es el actual régimen estatal el que lo mantiene privado de su libertad, solapando en cambio a supuestos policías comunitarios, como la Upoeg, autores de matanzas de mujeres y niños como en el caso de Cacahuatepec. n