Utopías

Escrito por  Nov 30, 2017

Si se analizara el contexto y los antecedentes que desembocaron en la iniciativa de ley de seguridad interior, que desde hace años espera el momento de ser discutida y votada en la Cámara de Diputados, podría afirmarse, sin lugar a dudas, que su inminente aprobación es el único paso que falta para dar marco legal a la situación que ya se da de facto: que el gobierno federal, por medio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, carga con el mayor peso del combate al crimen organizado, mientras que los gobiernos estatales y municipales, junto con sus policías, hacen poco o nada ante la criminalidad.

En ese sentido, tienen razón las organizaciones sociales que pugnan por profesionalizar y moralizar a las corporaciones policiacas en vez de regular la participación de las fuerzas armadas en tareas que, en principio, corresponden a las fuerzas civiles, si bien esa pretensión resulta ociosa y hasta utópica ante la remotísima posibilidad de que eso ocurra así.

Esta visto que ni gobernadores ni alcaldes tienen la menor intención de avanzar un ápice hacia ese objetivo.

Por eso, además, la regulación de la participación de las fuerzas armadas es la única opción que parece quedarle a las autoridades federales, abandonadas, como están, en estos menesteres, por las otras instancias de gobierno. De ese modo al menos le dan un soporte legal a las fuerzas militares, cuya carencia hasta ahora ha sido un lastre en el combate al crimen.

En esta situación, a la sociedad no le quedan sino unas pocas opciones: aceptar la nueva ley; continuar con la utopía de que el régimen pondrá a las policías a la altura de las necesidades sociales, de las circunstancias y del momento histórico que vive el país; o cambiar de régimen e instaurar uno que no tenga ligas con las mafias del crimen organizado, de modo que no sólo no quiera sacarle provecho a una relación con él, sino que no tema hacerle frente.

Este nuevo régimen tendría que empujar fuerte por la despenalización de todos los cultivos hoy declarados ilegales, sin amedrentarse por lo que opinen los gobiernos de otros países o los organismos internacionales al respecto. Un nuevo régimen que no tema ser impopular por reformar el sistema penal y apretar las tuercas en puntos que ahora permiten a los criminales seguir delinquiendo desde prisión o que los pone en la calle sólo porque no llegaron a cometer el delito que planeaban.

Un nuevo régimen que no entre en componendas con los criminales de dentro y de fuera del gobierno y que aplique la ley sin miramientos cuando y donde deba hacerlo.

Ese hipotético nuevo régimen tendría que surgir de la sociedad profunda, pero no se le ve en el horizonte, como tampoco se atisba otra solución, pues no vendrá un héroe a encarnar los sentimientos de la nación y a salvar a los ciudadanos de bien; éstos tienen que salvarse por sí mismos.

El proceso electoral que ya está en marcha podría ofrecer una posibilidad de solución. Pero también podría no ofrecerla, sino, más bien, de decepción. n