Explicación que no llega

Escrito por  Nov 29, 2017

Trascurridos 46 días desde que soldados del Ejército irrumpieron en el edificio conocido como La Coprera, el coordinador del Frente Progresista Guerrerense (FPG), Eloy Cisneros Guillén, sigue esperando una explicación sobre por qué los militares se presentaron sin orden judicial alguna, apoyando a un civil, Renato Ursúa Ballanis, quien, sin documento oficial de por medio, se ostentaba como dueño del inmueble.

El dirigente social se expresó preocupado por el hecho de que integrantes del Ejército se presten a maniobras de esta naturaleza en beneficio de particulares, pues, manifestó, aunque hubiera litigio en el caso, no son ellos quienes deberían intervenir.

Los militares cometieron el atropello el 12 de octubre, pero no fueron los únicos en ponerse al servicio de un individuo que se decía dueño del inmueble; el 7 de noviembre, policías ministeriales de Costa Azul se presentaron en el edificio, ubicado en avenida Ejido; intentaron ingresar, pero no pudieron porque lo hallaron cerrado, por lo que sólo colocaron un segundo candado sobre la puerta principal y sellos de clausura.

Apuntó que el fiscal Xavier Olea Peláez reconoció que los ministeriales que actuaron en el mismo inmueble en noviembre lo hicieron sin ninguna orden judicial y fueron pagados por un civil, una razón más que lleva a sospechar que los soldados procedieron por motivos oscuros, a lo cual se suma el silencio que han guardado sus superiores.

Insistentes han sido las voces que se han opuesto a la probación de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que vendrá a legalizar la participación del Ejército en labores actualmente propias de la policía y que, por consiguiente, los militares aprovecharían para incurrir en acciones como la acontecida en La Coprera.

Ayer, un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran la Afadem-Fedefam, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se manifestaron contra Ley de Seguridad Interior pronunciándose por retirar de manera paulatina al Ejército y la Marina de las labores de seguridad.

Es tiempo, pues, de escuchar a todas las partes y analizar consecuencias positivas y negativas que podría generar la aprobación de la referida ley. n