Voces perdidas

Escrito por  Nov 28, 2017

En tanto de manera oficial se ha aceptado tácitamente que el combate a la violencia ha fracasado, en las calles se recrudece el clamor y la exigencia de acabar ya con la inseguridad, al mismo tiempo que se refuerzan las acusaciones de incapacidad contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y las demandas de la destitución de su titular.

El pasado día 23, finalmente el ayuntamiento acapulqueño admitió de manera literal que “la inseguridad ha rebasado a las instancias de gobierno”, por lo que –abundó– es necesario que las autoridades cierren filas y trabajen en una estrategia de seguridad consolidada.

Este domingo, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta, reconoció en Taxco que en Guerrero existe una crisis de seguridad y muchos tipos de violencia, en tanto en Tecpan decenas de mujeres salían a la calle señalando que las instituciones han sido rebasadas por la violencia y, por consiguiente, “no pueden dar seguridad a la mujer”. Algo similar ocurría en Iguala.

Por su lado, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, insistió en que es necesaria la renuncia del fiscal general, Xavier Olea Peláez, ante los niveles de la impunidad que persiste en los diversos delitos que son cometidos en el estado.

Sin lugar a dudas, el legislador ha sido el más tenaz demandante de que el fiscal sea removido; el hombre no sólo maneja bien el lenguaje, sino también los argumentos de su postura, que fundamenta con datos que nadie ha podido rebatir.

Arremete: este año, que ha sido el más violento, casi llegamos a 100 por ciento de impunidad; la FGE se ha posicionado como la peor fiscalía de nuestro país, según el Índice Estatal de Desempeño de las Fiscalías y Procuradurías del país, elaborado por Impunidad Cero; Guerrero ocupa el último lugar en cumplimiento de órdenes de aprehensión: sólo ejecuta 12.2 por ciento, dato que confirma que en 97 por ciento de los casos hay impunidad.

No obstante, diputados del PRI y del Verde Ecologista no hallan razones suficientes para proceder; se han opuesto a la demanda de juicio político contra el fiscal, a quien, por haber sido propuesto al Congreso por el gobierno estatal, defienden con todo, como en su momento defendieron a su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, acusado de homicidio, al que protegieron poniéndolo fuera del alcance de la justicia.

Así, mientras incontenible la violencia sega más vidas cada día y el priísmo sostiene al responsable de procurar justicia a sus autores, el Poder Ejecutivo, incapaz de frenar junto con el federal y los municipales la ola de sangre, tiende un muro de contención a los ayes de dolor y al ambiente de terror mediante el anuncio de un supuesto pacto en el que, cuando menos por ahora, no puede apreciársele más que incertidumbre, pues si hasta hoy las armas no han sido suficientes para poner orden, no es de imaginarse cómo la sociedad civil y demás firmantes puedan hacerlo. n