Ley contra la desaparición forzada

Escrito por  Nov 27, 2017

Luego de que el pasado 17 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entrará en vigor el 1º de enero de 2018, entendiendo como desaparecida a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Evidentemente –considera el doctor Eduardo López Betancourt, articulista de este diario–, una nueva ley no resolverá como por magia el problema, ni mucho menos hará aparecer a los desaparecidos que se cuentan hoy en día y cuyos casos han sido tratados con negligencia.

Habrá que agregar que el trabajo del Poder Legislativo es de tomarse en cuenta; no obstante, no es motivo de optimismo, sobre todo para los familiares de los desaparecidos, habida cuenta de que los delitos no se resuelven por falta de leyes, sino porque los encargados de aplicarlas no cumplen su responsabilidad.

Quien saludó con mucha efusividad la creación de la ley en mención fue Jan Jarab, titular de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien estimó que, si bien la misma no es la solución, sí es parte de ella si se implementa de manera efectiva.

Es en este punto tocado por el alto comisionado donde surgen las dudas sobre si la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas será aplicada y producirá buenos resultados, puesto que es archisabido que la creación de organismos y leyes derivadas de las consecuencias de la violencia no han producido los efectos deseados.

No faltará que el gobierno atribuya a la ausencia de una ley como la recién promulgada el surgimiento de organizaciones en Acapulco, Iguala, Chilapa y otros municipios, que se han dedicado a buscar a familiares desaparecidos lo mismo en zonas urbanas que en laderas y cerros.

Habría que ver si, ahora sí, el gobierno federal aplica los términos de desaparición forzada a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a lo cual se ha resistido con tenacidad, pero sobre todo habría que ver si la nueva ley cuenta para que se den resultados favorables sobre el caso de los jóvenes con miras a resolverlo.

Desde el momento en que la mencionada ley fue creada por instancias de organismos internacionales, la ONU entre ellos, nada bueno se augura sobre sus consecuencias, puesto que bien podría entenderse que se atendieron presiones del exterior sólo por llenar un hueco, sin que ello signifique que existe voluntad para proceder a su cumplimiento; no obstante, habrá que esperar y conceder de momento el beneficio de la duda. n