Ley de Desaparición Forzada

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 25, 2017

Se publicó el pasado 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entrará en vigor el 1º de enero de 2018. Se trata de un ordenamiento que atiende a la facultad del Congreso de legislar de manera exclusiva sobre este rubro, según la reforma al artículo 73 fracción XXI de la Constitución.

Como ahora es habitual en la técnica legislativa, la ley incluye un glosario, en el cual se denomina Persona Desaparecida a aquella cuyo paradero se desconoce, y cuya ausencia se presuma, a partir de cualquier indicio, relacionada con la comisión de un delito. Paralelamente, se denomina Persona No Localizada a aquella cuya ubicación es desconocida y cuya ausencia, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, no se relaciona con la probable comisión de algún delito. La ley plantea Protocolos Homologados de Búsqueda tanto para Personas Desparecidas como para Personas No Localizadas.

Se prevé un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que ha de concentrar la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Igualmente, un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, el cual concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las entidades federativas, cualquiera que sea su origen. Se prevé un tercer Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que ha de concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

A nadie escapa, e incluso ha sido objeto de reproche internacional, que la desaparición forzada ha sido práctica común en el Estado mexicano. Evidentemente, una nueva ley no resolverá mágicamente el problema, ni mucho menos hará aparecer a los desaparecidos que se cuentan hoy en día y cuyos casos han sido tratados con negligencia. Esperemos que la nueva norma no sea parte de la común demagogia legislativa, y que en última instancia sirva para prevenir que los delitos no se cometan en el futuro.

La ley señala que las acciones, medidas y procedimientos seguirán varios principios; por ejemplo, el de efectividad y exhaustividad, según el cual todas las diligencias que se hagan para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que desarrollaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata.

Otro principio es el de Debida Diligencia, de acuerdo con el cual todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para ejecutar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral, a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos.

En toda investigación y proceso penal que se emprenda por los delitos previstos en esta ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial y eficaz, y su realización, con oportunidad, exhaustividad, respeto a derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo. n