Ilegalidades

Escrito por  Nov 12, 2017

De las dos maneras que existen (hacia delante o hacia atrás) para enfocar la iniciativa de reforma que prepara el diputado local perredista Ernesto Fidel González Pérez a la Ley del Municipio Libre del estado, en lo que se refiere al destino de los acuerdos inconstitucionales o incluso anticonstitucionales que eventualmente pueden tomar los cabildos del estado, es evidente que la más práctica y productiva es la que mira hacia el futuro.

Esto significa centrar la atención en cuánto esta reforma mejoraría la legalidad de la administración pública municipal. Sin embargo, mirar al pasado –como tratar de establecer cuántos acuerdos han tomado los cabildos contra el andamiaje legal del estado y del país desde que fueron fundados hasta el día de hoy– no deja de ser un ejercicio interesante y revelador.

No es un secreto que, sobre todo antes de la transición política, muchos alcaldes han hecho lo que han querido, incluso por encima de las leyes, de la opinión de sus cabildos y del interés de los habitantes de sus municipios.

En esta misma línea de razonamiento, también sería esclarecedor dilucidar por qué las legislaturas que han pasado por el Congreso del estado no habían reglamentado este aspecto de la relación jurídica entre ese poder, el Ejecutivo y los ayuntamientos, pues esta inconsistencia mantuvo durante largo tiempo una zona gris, en la que la facultad de echar atrás acuerdos ilegales de las comunas la tenía el gobernador, pero no estaba reglamentada. Sin embargo, para efectos prácticos, esa información sólo es pertinente como contexto en el proceso de aprobar la reforma propuesta.

Así, la principal inconsistencia de la iniciativa hasta ahora se refiere al mecanismo que hará llegar al Congreso la advertencia de que un cabildo ha tomado un acuerdo ilegal. La propuesta del diputado plantea que 33 por ciento del cabildo podrá tomar acción legal al respecto. Pero, ¿qué sucederá cuando quienes denuncien la ilegalidad del acuerdo no constituyan ese porcentaje, sino uno menor? ¿No podrán denunciar y, si lo hacen, su denuncia no será escuchada porque son menos de 33 por ciento?

Un acuerdo ilegal seguirá siendo ilegal, sin importar que quienes se le opongan sean minoría. n