Extranjeros involucrados en procesos penales

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 04, 2017

El texto constitucional no diferencia expresamente derechos para los extranjeros que se ven sujetos a procedimientos penales. Sin embargo, el contenido de los tratados internacionales sí provee prerrogativas que deben ser debidamente respetadas por las autoridades. Un derecho fundamental es el de notificación, contacto y asistencia consulares, según el cual, los extranjeros detenidos tienen derecho a ser informados de que pueden tener contacto y solicitar asistencia de funcionarios consulares de su gobierno en México.

Esto se prevé en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 36.1, b) que estipula que, con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía, si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.

Igualmente, el inciso c) del mismo numeral estipula que los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.

Sobre el anterior derecho de los extranjeros son de interés diversas tesis aisladas. Éstas se desprendieron del expediente sobre el controversial caso de Florence Cassez, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013.

De acuerdo con estos criterios, el derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran de que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad.

La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos.

Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en que las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así porque una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de manera cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta.

En definitiva, por medio de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. Se trata de lo dispuesto textualmente en la Tesis 1a. CLXX/2013 (10a.).  n