Alcances del pacto

Escrito por  Oct 30, 2017

En torno al pacto convocado por el gobernador Héctor Astudillo Flores para combatir la violencia, uno de los segmentos que podrían contribuir de manera efectiva es, sin duda alguna, el responsable de elaborar y aprobar las leyes relacionadas con la seguridad y la justicia.

Cobra relevancia por ello la declaración del presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Cueva Ruiz, en el sentido de que, para sumarse al pacto, se requerirá hacer un llamado a las comisiones para que las iniciativas relacionadas al tema –como aquellas contra el halconeo, la extorsión o el cobro de piso, la desaparición forzada y otras– sean de una vez revisadas y dictaminadas, sea en favor o en contra, pero que se defina una postura, y no queden nada más en la congeladora.

Se trata, pues, de sacar del archivero las iniciativas que se encuentran estancadas a fin de que, sin tanto jaloneo, los legisladores las aprueben o rechacen de una vez.

Hace unos días, el diputado Ernesto González Pérez propuso reformar el Código Penal a fin de incrementar las penas al delito de extorsión de 10 a 25 años de prisión y de 200 a 50 mil pesos de multa a quien cometa extorsión contra personas físicas o morales que se dediquen actividades comerciales, o a quien emplee amenazas de cualquier tipo.

En repetidas ocasiones, el diputado Ricardo Mejía Berdeja ha sido incisivo en criticar la pasividad de sus compañeros legisladores, que se empecinan en mantener en la congeladora iniciativas relacionadas con delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Si los diputados de todos los partidos se ponen de acuerdo en legislar sobre el tema, significará dar un paso importante, pero no menos importante será que, ya aprobadas las leyes, sean aplicadas, y en ello tiene que ver, por una parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), que cojea lastimosamente en su desempeño, y el Tribunal Superior de Justicia, en lo que a la jurisdicción estatal se refiere.

Preciso es hacer notar a todo ello que, si bien el crimen impera a placer, no es precisamente por falta de leyes, sino porque las actuales no se cumplen a cabalidad, empezando porque no hay quien efectúe las detenciones.

Luego, pues, para que el pacto de marras dé buenos resultados la autoridad tendrá que aceitar cuidadosamente y a fondo toda la maquinaria relacionada con la procuración e impartición de justicia; y hablar de buenos resultados es hablar de acabar con la impunidad, porque de otra manera, el pacto no servirá más que para dar un aire al gobierno estatal a fin de que le dé tiempo de terminar el sexenio sin mayor problema.

Poco podrán hacer en este pacto los sectores de la sociedad que acepten participar, pues podría deducirse que su papel se constreñiría básicamente a denunciar ante las autoridades, pero para ello se requiere crear la confianza en ellas, de lo cual se carece por completo.

Es decir que la autoridad sigue poseyendo el poder, los recursos humanos y los económicos para poner fuera de combate a la delincuencia; en consecuencia, la inseguridad y la violencia no deja de ser un balón que continúa en la cancha del gobierno, y es por tanto el gobierno más que nadie el que deberá autoanalizarse, corregir fallas y emplearse a fondo. n