Palabra contra palabra

Escrito por  Oct 29, 2017

Nadie puede negar la existencia de una embestida mediática contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, sea que su comportamiento durante y después de su detención el 16 de septiembre haya sido correcto o no. En eso hay seguridad.

En lo que no hay certeza es en el origen de esa embestida, en si es de generación espontánea o si es dirigida desde un oscuro recoveco del poder. Pero esta inc≠ertidumbre es comprensible, pues no es de esperar que los autores materiales e intelectuales se pusieran a descubierto, si es que existen.

No sería prudente, sin embargo, descartar que las más altas autoridades del gobierno tengan las manos metidas en la difusión del video de la detención de la activista y de una entrevista posterior que un periodista le hace a la agente de policía, ocasión propicia para que ella se explaye en su versión y en sus argumentos.

Si este fuera el caso, habría que aceptar que hubo, en efecto, una grave violación a los derechos humanos de la activista, tan extrema que el gobierno habría decidido asumir la estrategia y los costos que ésta puede acarrearle.

Por otra parte, un dato que no ha sido revelado sobre la agente también podría arrojar algo de luz sobre el asunto: ella es hermana de una periodista de Tlapa, que a su vez tiene vínculo cercano con quien es dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de La Montaña y vocero del Fondo de Apoyo a los Periodistas desde hace muchos años, lo cual mostraría que la servidora pública no está precisamente en la indefensión mediática.

Adicionalmente, también es necesario anotar que aunque el dictamen de un médico legista certifica que Yndira Sandoval sufrió lesiones en el área genital, eso no es prueba suficiente para inculpar a la policía como la autora de ese ultraje.

A todo esto hay que apuntar dos elementos: uno es que debe de haber una investigación exhaustiva del suceso que pueda determinar la verdad de los hechos. El segundo es que, mientras no la haya, este asunto seguirá siendo un circo mediático dirigido –o propicio para serlo– por intereses que buscan denostar antes que llegar a la verdad.

Una tercera observación sería que deberá ser el gobierno el que aporte las pruebas en descargo de su agente. Y debe tenerlas si es que ella, en efecto, es inocente de la acusación que le hace la activista.

Porque, a fin de cuentas, si todo mundo está viendo videos que relatan una parte de la historia, ¿por que no podría ver la historia completa? Después de todo, con el nuevo sistema de justicia, el gobierno queda obligado a mantener a punto toda la cadena de custodia de pruebas y detenidos, y eso significa que debe poder comprobar qué sucedió en cada parte del proceso desde el aseguramiento, con videos, no sólo con testimonios.

De otro modo, seguirá siendo, ahora y en cualquier juzgado, la palabra de la activista contra la palabra de la policía. n