La policía en el sistema acusatorio

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 07, 2017

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía es uno de los sujetos del procedimiento penal mencionados en el artículo 105. En el nuevo sistema acusatorio, la policía ha de desempeñar funciones en dos ámbitos: por un lado, las labores de seguridad pública tradicionales, relativas a la prevención del delito, y por otro, labores relacionadas con la investigación, bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Estas labores anteriormente se asociaban con las policías judiciales o ministeriales, que ahora se asumen como policías de investigación.

Según las definiciones del artículo 3 del mismo ordenamiento, por policía se entienden los cuerpos especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la Constitución y demás leyes aplicables.

La policía ha sido señalada siempre como un auxiliar del Ministerio Público, pero en la práctica se han manejado de modo independiente. Ello ha derivado en múltiples atropellos e iniquidad. En muchas ocasiones la policía estaba por encima del Ministerio Público, se manejaba de manera no sólo improcedente, sino ilícita. Obtener confesiones por medio de la tortura no era una situación de excepción, sino acciones que inclusive tomaron carta de naturalización.

Definitivamente, la policía bajo el mando del Ministerio Público, denominada policía ministerial, debe tener una actuación acorde a principios jurídicos; en concreto, respetando los derechos humanos. Por supuesto, se reclama una policía preparada, algunos le denominan científica; sin embargo, lo importante es que sea respetuosa de las formas y reglas jurídicas.

El fundamento de la labor preventiva de la policía lo hallamos en el propio texto constitucional. El artículo 21 establece la responsabilidad compartida de los tres órganos de gobierno en la función de la seguridad pública, la cual abarca la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo con el mismo precepto, las instituciones de seguridad pública tienen carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, las instituciones policiales se integran por los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública de los niveles federal, local y municipal, que desempeñen funciones similares.

Por lo que hace a la función investigadora, los policías en el nuevo sistema acusatorio deben actuar en respeto a la ley y a principios básicos, como los de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. De acuerdo con el artículo 132 de la misma legislación procesal nacional, el policía, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, tendrá, entre otras obligaciones, la de recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de manera inmediata de las diligencias practicadas; incluso, recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación. n