Orfandad de justicia

Escrito por  Dic 13, 2017

Al menos dos hechos ocurridos ayer restriegan al gobierno la orfandad de justicia en que mantiene al estado de Guerrero.

Uno: mujeres y hombres adheridos al Frente Popular de Tlapa, representantes de Ceteg, Opig y El Grito se manifestaron en Tlapa en protesta pacífica para demandar la libertad del líder comunitario indígena y jefe de la Policía Comunitaria Arturo Campos Herrera, que el pasado día 1º cumplió cuatro años encarcelado, no obstante que en el transcurso de las diligencias no se le ha comprobado los delitos que se le imputan.

Mediante dos amparos, tribunales federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Actualmente está pendiente sólo el proceso por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, en el cual Arturo Campos se ha careado con los 43 supuestos agraviados, y ninguno ha sostenido su dicho frente al defensor comunitario; por lo contrario, reconocieron que era la primera vez que lo veían, que no les pidió dinero y mucho menos los privó de la libertad. También reconocieron que el tiempo en que estuvieron en reducación nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor na saavi y que en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado; en todo caso, las retenciones que hizo fueron en su calidad de autoridad bajo el sistema comunitario, que tiene un marco normativo que lo reconoce y le da legalidad y legitimidad, en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.

Dos: organizaciones estudiantiles y sociales, padres de los 43 y estudiantes normalistas protestaron por el asesinato de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, hace seis años cumplidos ayer, en la autopista del Sol –en el tramo conocido como Parador del Marqués–, mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela.

A la fecha, ambos casos se encuentran impunes. Los únicos policías que estaban procesados, acusan, fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público hizo un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de pruebas, que pudieron ser claves para demostrar la responsabilidad de los implicados.

Esos resultan ser de los casos más sonados, aunque mención aparte merecen, si de impunidad se habla, los 11 muertos de la matanza de El Charco, Ayutla, en junio de 1998, los más de 13 luchadores sociales asesinados en 2013 y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Y no son sólo los familiares, amigos y defensores de Arturo Campos, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes hablan de injusticia.

Ina Zoo, representante en América Latina de la fundación Sociedad Abierta Iniciativa de Justicia, el reciente 18 de agosto declaró que “el estado de Guerrero se ha convertido en cuna de la impunidad”, y no existe ni interés ni voluntad del gobierno en acabar con ella.

El diputado local Ricardo Mejía Berdeja sostiene que Guerrero ocupa el último lugar en cumplimiento de órdenes de aprehensión y que “es más fácil sacarse la lotería que se resuelva un crimen”.

No es de extrañarse, pues, que los asesinatos se sigan cometiendo día a día, sin que se resuelvan y se sigan acumulando para la posteridad. n