Respeto a derechos humanos, un fiasco

Escrito por  Dic 11, 2017

En un estado en el que los asesinatos dolosos se perpetran uno tras otro, la violación a los derechos humanos que no implican la pérdida de la vida parecen faltas menores, puesto que quienes detentan alguna cuota de poder no andan con miramientos para pisotearlos.

De aquí parece partir la postura del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, al conminar ayer a autoridades y sociedad a trabajar por el respeto a los derechos humanos.

Sin más recursos que hacer exhortaciones a las autoridades para que cumplan su responsabilidad de restaurar la tranquilidad y enviar palabras de consuelo a las víctimas de la violencia, el prelado subrayó que la iglesia Católica continuará trabajando desde su ámbito en la construcción de la paz.

Por otro lado, quienes disponen del poder necesario para involucrarse en tareas de apaciguamiento simulan trabajar, pero sus acciones no se traducen en resultados.

Por eso mismo, mueve a hilaridad la declaración del diputado local Héctor Vicario Castrejón, en el sentido de que el Congreso del estado está abierto para que se haga respetar los derechos humanos y el Pacto de Seguridad impulsado por el gobierno estatal.

Una de las maneras en que el Poder Legislativo podría propiciar el combate a la delincuencia sería legislando al respecto, que es una de sus tareas principales; no obstante, el diputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja ha criticado que en el Congreso “existe un rezago espantoso” en lo que se refiere a la aprobación de iniciativas de ley que persiguen terminar con la falta de castigo a responsables de delitos, así como la reparación del daño a víctimas de violencia.

Ni los mismos diputados tienen el mejor concepto del Congreso. El 3 de octubre, la diputada Erika Alcaraz reprochó que sea el mismo Congreso del estado el que incite a la corrupción, como en casos como el del diputado priista Saúl Beltrán o el permitir que en la Fiscalía General del Estado haya áreas torales sin reconocimiento, ni validez oficial.

Al comparecer ante el Congreso, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se ufanó de que la actual administración estatal ha impulsado cuatro acciones orientadas al respeto de los derechos humanos: la creación de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el diseño del Programa para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y la Atención a Familias Desplazadas; empero, no mencionó resultados, aunque organizaciones sociales denuncian constantemente la violación o el incumplimiento de esos derechos.

Prueba de ello es la declaración de alerta que, ante la violencia usada contra defensores de derechos humanos en Guerrero, emitió el 12 de septiembre pasado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, integrada por más de 83 organizaciones sociales de diversos estados del país.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja denunció en el Congreso estatal que la entidad ocupa el último lugar en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Ironizó al decir que en Guerrero “es más fácil sacarse la lotería a que se resuelva un crimen” y lamentó que la procuración de justicia en el estado se encuentre en un lugar ominoso, como colocó el Índice de desempeño de Procuradurías y Fiscalías a la Fiscalía estatal.

“Guerrero ocupa el último lugar en el cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión; sólo cumple 12.2 por ciento”, lo que confirma el fracaso de la Fiscalía y que en Guerrero, en 97 por ciento de los casos hay impunidad, rubricó.

Ha sido precisamente el incumplimiento de la ley lo que ha dado origen a la creación de organizaciones sociales que se han dado a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos.

El estado de Guerrero se ha convertido en cuna de la impunidad, declaró en agosto la representante de la fundación Sociedad Abierta Iniciativa de Justicia en América Latina, Ina Zoon, en la presentación del informe Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad; subrayó que en la entidad no existe interés oficial en terminar con la impunidad, ni crear órganos de justicia eficientes, que castiguen a los responsables de los delitos.

El secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, declaró el 17 de septiembre: “estamos muy consternados con lo que sucede en todo el país”, y señaló que Guerrero se encuentra entre las cuatro entidades más peligrosas para defender los derechos humanos.

Así, entre las procelosas aguas de la violencia cotidiana provocadora de muertes, por un lado, y la violación de derechos humanos y la impunidad, por otra, navega penosamente este barco llamado estado de Guerrero. n