Maestros de la simulación

Escrito por  Ago 20, 2017

Mediante su circular número CISEG/2017/0002, fechada el 17 de agosto pasado, dirigido a subsecretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento, jefes de sector, inspectores, supervisores, directores, subdirectores de los centros educativos de nivel básico, el contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón, los exhorta a “que se abstengan de realizar acciones que conlleven a condicionar las inscripciones, mediante cooperaciones económicas o en especie, y que por su actuar y proceder transgredan lo establecido en los artículos 7, 63, 65 de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, y no dar lugar a las sanciones administrativas”.

Ahora sí que, como dice el clásico, no se sabe si el documento es para reír o llorar.

Van razones: la tramposidad de la circular queda al descubierto desde el momento en que se gira a unas cuantas horas de que comience el ciclo escolar. Se extendió el jueves 17, quedando sólo un día hábil para que empezara el ciclo escolar. Para esa hora ya todas las escuelas habían terminado su labor de inscripción, condicionándola en todo caso al pago de determinadas cantidades de dinero. Eso todo lo saben porque todos participan. No hay inocentes.

Pero la trampa no recae solamente en la expedición tardía del documento, sino se orquesta desde el momento de la designación de los comités directivos de las sociedades de padres de familia que organizan e inducen los directores y profesores de tal manera que se nombre en los cargos a personas escogidas ex profeso por ellos a fin de manipularlos, empezando por la aprobación de las cuotas de inscripción.

De esa forma, ante las protestas por los cobros, los directores inmediatamente esgrimen que fue acuerdo tomado en asamblea por los padres de familia. Y de ahí nadie los mueve. Quejas son muchas las que surgen en cada inscripción, pero nunca, en ninguna administración, se ha sabido que la SEG eche abajo un cobro u ordene directamente una inscripción gratuita en base a una queja, ni que haya sancionado a un solo director.

La ley que invoca el contralor de ninguna manera refiere que las cuotas son válidas si son autorizadas por las sociedades de padres de familia.

Luego, pues, es claro que la SEG con su documento extemporáneo pretende lavarse las manos, puesto que todas las escuelas condicionaron ya las inscripciones al pago de cuotas cuyo monto fija cada dirección escolar.

La simulación está a la vista.