Laudos contra ayuntamientos

Escrito por  Jul 18, 2018

Ahora que, con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, soplan vientos de moralización de la administración pública mexicana en todos sus niveles, sería muy saludable que la autoridad correspondiente –en este caso la Auditoría Superior del estado– diera a conocer la información sobre los juicios laborales que tienen perdidos los 81 ayuntamientos de la entidad, y sobre los que, sin haberlos perdido aún, apuntan hacia ese desenlace.

La deuda en firme y la deuda que con seguridad le será añadida han de sumar un monto desmedido y oneroso para las finanzas públicas y, a no dudar, constituyen una fuente ilícita de ingresos para varias de las personas involucradas.

Según declaró ayer el alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, la deuda que por este concepto heredará su gobierno al de su sucesor, Yasir de Loya Díaz, asciende a más de 142 millones de pesos, 40 millones de pesos menos que la deuda que él mismo recibió de su antecesor, Crisóforo Otero Heredia.

Es verdad que Tecpan no tiene uno de los gobiernos municipales más grandes del estado; pero, a pesar de ello, junto con el de Atoyac –de un tamaño similar por cuanto al número de empleados– se ubica en los primeros lugares estatales en lo que se refiere al monto de los laudos laborales por solventar.

Las causas de este problema pueden ser varias, si bien las más probables son impericia por inexperiencia –ediles que no han tenido antes un cargo directivo en la administración pública ni en la iniciativa privada, y no saben que hay consecuencias jurídicas para todo despido de personal–, irresponsabilidad –alcaldes a quienes no importa lo que suceda con el gobierno cuando ellos ya se hayan ido– y corrupción –pues puede ser que el presidente se ponga de acuerdo con un subordinado amigo suyo para despedirlo y luego repartirse la indemnización cuando éste gane el juicio que, por supuesto, el munícipe dejará perder–.

Esto último, sobre todo, podría ocurrir en relación con los compromisos de campaña, sea porque el alcalde tenga que agregar a la nómina del ayuntamiento a quienes le ayudaron en su campaña y para eso debe despedir a quienes ya estaban, o sea porque finalice el periodo de “agradecimiento” a sus aliados.

El caso es que en ese aspecto de las administraciones municipales están sucediendo procesos a los que las autoridades fiscalizadoras superiores deben prestar más atención, pues están costando muchos millones de pesos a la hacienda pública y, por ende, a los contribuyentes. n