Resistencia a la verdad

Escrito por  Jul 11, 2018

No termina el jaloneo respecto a si se crea o no la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En un intento de hacer abortar la orden correspondiente, el gobierno federal emprendió una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear la Comisión.

Para ello, ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que determinó crear el mecanismo de referencia.

Pero he aquí que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso contra la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.

Los magistrados del Tribunal determinaron, además, que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.

El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9; por tanto, el plazo vence hoy miércoles.

De nueva cuenta queda claro que el gobierno federal no sólo ha obstaculizado, distorsionado y entorpecido las investigaciones tendentes a descubrir la verdad, sino sigue dedicando todo su esfuerzo a contrarrestar cualquier intento proveniente de otras esferas por lograrlo.

La PGR se quejó ante la SCJN de que el fallo del tribunal de Reynosa invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos, pero el MP y la PGR han sido precisamente quienes han manejado todo de tal manera que han impedido el esclarecimiento de lo ocurrido, inclinándose hacia la parte opuesta de la verdad y la justicia.

Tuercen los hechos y cuando les ordenan asumir su responsabilidad pegan de gritos.

En consecuencia, la SCJN ordena al gobierno de Enrique Peña Nieto cumplir con la comisión, y le advierte que en caso de entrar en desacato, entonces sí podrá intervenir la Suprema Corte. n