¿Euforia justificada?

Escrito por  Jul 10, 2018

No debe invadir la euforia a los guerrerenses por el hecho de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, maneja entre sus prioridades de gobierno el combate a la impunidad.

La impunidad, se ha dicho hasta el cansancio, constituye el origen de la corrupción y la inseguridad, entre otras lacras del país.

Pero también los órganos gubernamentales se han encargado de esparcir la información en el sentido de que la mayoría de los delitos perpetrados en Guerrero son del orden común.

Es decir que así como el actual gobierno federal no ha puesto empeño en atacar esos ilícitos porque escapan a su jurisdicción, tampoco lo hará el que lo sucederá porque igualmente no será su competencia.

El problema adquiere mayor gravedad en el momento en que la Federación tampoco se ha empleado como corresponde para combatir los delitos correspondientes a su área, porque si así fuera, la ola delictiva bajaría necesariamente porque quienes cometen delitos federales al mismo tiempo ejecutan algunos del orden común; por consiguiente, encerrados en los penales, se supone que descendería la cifra tanto de ilícitos federales como de los otros.

Otra arista consiste en que tampoco la Fiscalía General del Estado (FGE), con ninguno de los titulares que ha tenido, ha cumplido su función.

Por ningún lado se ve el trabajo de la Policía Ministerial, del Ministerio Público, ni de Peritos; no hay investigación; por tanto, tampoco detenciones, ni entrega de acusados a los jueces, y todo se traduce en impunidad.

¿Es culpa de los policías, de los agentes del Ministerio Público, de los peritos o  del fiscal? Eso tendría que investigarlo alguien y exigirles cuentas. Cuando el pasado 15 de mayo Jorge Zuriel de los Santos Barrila recibió el mando de fiscal, obtuvo al mismo tiempo un cheque en blanco que no lo comprometía en nada. Y ahí está, sin aportar resultados, ni presentar trabajo.

Hasta ahora, no ha hecho su chamba ni el gobierno federal, como tampoco la Fiscalía General del Estado, un órgano autónomo y, por tanto, independiente del Poder Ejecutivo estatal.

La esperanza en el nuevo gobierno reside en que sus colaboradores combatan la delincuencia de acuerdo con el área que le corresponda, y la FGE asuma su responsabilidad y se dedique a trabajar en la medida en que lo exigen las circunstancias. Tal vez el personal de la FGE se está rompiendo el alma contra la inseguridad, pero el caso es que no se ven resultados, no se oye de detenciones, ni de delincuentes sometidos a proceso y menos aun sentenciados. No es su papel sentenciar, es verdad, pero sí aportar elementos para que el juez lo haga. n